Por: Eduardo Sarmiento

La negociación agrícola

El Gobierno divulgó con gran despliegue los acuerdos de La Habana. El documento suministra amplia información sobre el avance de las negociaciones y de lo que falta para llegar a feliz término.

En primer lugar se advierte un cierto consenso de que el sector experimentó un atraso con respecto a la economía y a América Latina. El ingreso per cápita agrícola es la tercera parte del promedio nacional y el coeficiente de Gini se acerca a 0,60. Si bien se manifiestan discrepancias sobre las causas del resultado, hay acuerdo de enfrentarlo con una reforma agraria orientada a reducir la pobreza a la mitad.

En efecto, se propone conformar un fondo de tierra con las áreas disponibles para asignarla a los campesinos, entregar un subsidio para permitir su explotación adecuada y elevar la asistencia en salud, educación y vivienda. El informe insinúa que los recursos provendrán de la actualización de los impuestos prediales y de próximas reformas tributarias, y da algunas luces sobre el costo.

Como bien lo señala el informe, en la actualidad hay salvedades que parecen más numerosas que los acuerdos, que están en proceso de discusión o no se han tratado. Parte de la dificultad se origina en las condiciones iniciales que proscribieron la discusión del modelo económico y de temas distintos a los rurales. La más importante es la creación de las condiciones que garanticen que el aumento de la producción puede ser absorbido por la economía, que ha sido el talón de Aquiles de las reformas agrícolas y el desarrollo rural. Debido a la inelasticidad del precio, el incremento de la producción agrícola da lugar a una caída más que proporcional de los precios que torna no rentable la actividad. Lo grave es que las condiciones se vieron agravadas por el desmonte arancelario, la revaluación del tipo de cambio y el TLC. Los precios de la mayoría de los alimentos superan los externos.

La otra salvedad se refiere al resto de las actividades agrícolas. En particular, no se hace referencia al latifundio ni al tamaño de las unidades. El sector ha operado tradicionalmente dentro de un sistema bimodal en el cual no hay mayor diferencia en el desempeño por tamaño de explotación. En general, se encuentra que la productividad de la tierra desciende con el tamaño de la explotación. La alta productividad de los insumos en las grandes extensiones no se ha aprovechado. En los estudios de casos y la experiencia del Cerrado en Brasil se encuentra que en ciertos productos, como el maíz, el arroz y la soya, los proyectos extensivos en tierra y agua generan economías de escala que permiten aumentar la producción y bajar los precios. El obstáculo está en que estas explotaciones requieren cuantiosas inversiones que los pequeños productores no están en condiciones de realizarlas, e incluso los grandes. De hecho, se plantea un sistema asociativo con presencia de productores y Estado.

La negociación ha avanzado en una reforma agraria que le da prioridad al pequeño productor para atender el abastecimiento de alimentos y le suministra la tierra y su preparación para hacerla efectiva. Asimismo se ha avanzado en precisar las necesidades y las disponibilidades de tierras, al igual que la transferencia fiscal para reducir la pobreza rural a la mitad. Sin embargo, no se percibe un acuerdo en las condiciones económicas que garantice la adquisición del aumento de la producción agrícola. Mientras persistan el desmonte arancelario, la revaluación y los TLC, no habrá forma de garantizarles a los productores nacionales el mercado interno. Del mismo modo, no será fácil ampliar las ventas externas sin un marco institucional asociativo que permita sacar ventaja de las economías de escala en cultivos críticos.

Eduardo Sarmiento Palacio *

 

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