Nepotismo y persecución en la Fiscalía

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Francisco Barbosa hace méritos para pasar a la historia como el peor fiscal general de Colombia a pesar de que hemos soportado las conductas abusivas de varios de sus antecesores, difíciles de superar. Pero Barbosa les va a ganar porque tiene con qué: escasa inteligencia cognitiva, ausencia de inteligencia emocional, nula conciencia del uso ético de los bienes públicos e incapacidad para reconocer la frontera que divide los intereses generales de los particulares. Se trata de una mezcolanza de males que puede conducirnos a una hecatombe judicial de la que no podrá reponerse el país en años. De ese nivel es el desatino de la postulación de su nombre por Iván Duque y de su selección por la Corte Suprema, el alto tribunal que la ciudadanía demócrata respalda por la independencia de la mayoría de sus fallos pero al que, de otro lado, habrá que pedirle cuentas por la calidad de funcionarios que ha elegido en la Fiscalía y, también, en la magistratura. Barbosa persigue a quienes señale el Gobierno del que nunca se retiró. Torpedea los casos que afectan a los aliados. Cambia fiscales y directores a su antojo, envolviendo su voluntad interesada con rótulo de “discrecionalidad”. Nombra y desnombra a los funcionarios, no para mejorar su planta sino para poner, en lugar de los despedidos, a parientes y recomendados. Y, en sus ratos menos peligrosos, arma paseos e intercambia puestos: contrata a fulano o a fulana mientras sus amigos enganchan a zutano o a zutana.

Al escandaloso episodio develado por los periodistas Guillén y Martínez sobre el montaje urdido entre la Fiscalía, unos perversos ultraderechistas y el jefe de todos ellos para culpar del asesinato de Álvaro Gómez a las personas que ordene la familia de la víctima, aun cuando no existan pruebas ni debido proceso, se suma la no menos escandalosa persecución de Barbosa a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y a Diana Díaz, exdirectora del canal oficial Señal Colombia. A la primera, una conocida organización civil de protección del derecho de información y opinión, le practicará una inspección —un allanamiento— para esculcar sus archivos y descubrir, en los videos de las cámaras de vigilancia, a los “sospechosos” que visiten esa ONG. Falta que pongan preso a su director, que ya fue citado a entrevista judicial. En cuanto a Díaz, la Fiscalía le imputará el delito de “utilización de asunto sometido a secreto o reserva” para castigarla por haber revelado una grabación en que consta que su exjefe, actual asesor de Duque, Juan Pablo Bieri, censuró un programa periodístico. La censura al pensamiento y a la expresión está prohibida por la Constitución. Pero el señor Barbosa decidió penalizar a la FLIP que publicó la denuncia y a Diana Díaz, la denunciante. La tenaza oficial premió, en cambio, al censor: meses después del lío, la Casa de Nariño recontrató a Bieri por dos años, hasta finales del 2021, para apoyar al presidente por una suma mensual de $19’500.000 (ver). Con Barbosa y Duque, la justicia funciona al revés: se castiga al honesto y se favorece al infractor si este es de los “nuestros”.

Hace dos semanas, los pasillos de la Fiscalía temblaron con la noticia del abrupto despido del director antinarcóticos, Ricardo Carriazo, un funcionario apreciado por sus colegas y por las agencias extranjeras que apoyan la lucha contra el narcotráfico. Barbosa alegó “discrecionalidad” para renovar su equipo. Y, acudiendo a esa misma facultad, nombró como sustituta de Carriazo a otra curtida fiscal llamada María Elena Monsalve cuya hoja de vida es larga y productiva. Sin embargo, el nepotismo está prohibido en la función pública de acuerdo con el artículo 126 de la Carta Política (ver). Monsalve y la vicefiscal Martha Mancera han debido declarar su impedimento por el vínculo que las une, ante el importante ascenso oficial e incremento salarial que obtuvo la nueva directora antinarcóticos. Pero el nepotismo es práctica que no molesta a Barbosa, a quien no le preocupó que su esposa fuera contratada por su par, el contralor general, mientras él mantenía en la Fiscalía a la cónyuge de Felipe Córdoba la cual, para ser justos, tuvo mayor decoro que la suya, y se retiró. Con desfachatez absoluta y ante la falta de quien lo meta en cintura, el fiscal general mantiene en la seccional del Tolima a la esposa de su juez nominal, Ricardo Ferro, representante a la Cámara de la entraña uribista y miembro de la Comisión de Acusaciones, única que puede investigarlo. Es decir, Barbosa “compró”, en la práctica, a su eventual juzgador dándole puesto y salario a la pariente de este. Por un caso similar se anularon las elecciones de Alejandro Ordóñez y Francisco Ricaurte. Pero ahora estamos en el reino de la impunidad uribista y no tenemos más remedio que sobrevivir a ella o terminar huyendo.

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