Por: Catalina Ruiz-Navarro

Néstor Humberto Martínez debe renunciar

Los grupos más vulnerables suelen ser los primeros afectados por la injusticia y la corrupción. Por eso es muy frecuente que las primeras en brincar ante la llegada al poder de un corrupto, las primeras en avisar que una multinacional está dañando a las comunidades que habitan un determinado territorio, las primeras en sufrir en carne propia la violencia de nuevas bandas criminales, sean las mujeres.

Y así fue que todas las feministas saltamos ante la elección de Néstor Humberto Martínez en 2016, cuando dijo que su plan para descongestionar la Fiscalía era demeritar las denuncias por violencia doméstica que, según él, “atosigan” los juzgados y “atentan contra la unidad familiar”. En ese entonces el recién electo fiscal salió a hacernos gaslighting a las mujeres que habíamos “malinterpretado” sus palabras y, como en Colombia los problemas de las mujeres se siguen viendo como un asunto menor, a muchos no les pareció que ideas como esas pudieran impedirle ser un buen fiscal que defendiera los intereses de la ciudadanía colombiana.

A la luz de los oprobiosos escándalos de corrupción con Odebrecht, esas afirmaciones que hizo en el momento de su posesión parecen decir que su plan como fiscal era sencillamente estar de la mano de las personas (es decir, políticos y empresarios) con más poder en Colombia. Lo dice muy claramente Farid Samir en Razón Pública: “Del fiscal Martínez ya sabíamos que tenía demasiados impedimentos para desarrollar una tarea libre de críticas. El octavo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue superintendente bancario y codirector del Banco de la República con Gaviria, ministro de Justicia de Samper y ministro del Interior de Pastrana, cofundador aparente de Cambio Radical y asesor de cabecera de Luis Carlos Sarmiento, antes de ser postulado por la Corte Suprema de Justicia y elegido por el Congreso para el período 2016-2020”. Mejor dicho, la carrera de Martínez siempre ha estado fundada en sus mangualas con el poder. Con la muerte de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol y testigo clave en el caso de Odebrecht, y de su hijo tras un lamentable accidente, la sensación que nos queda a las y los colombianos es que Martínez tiene menos escrúpulos que Macbeth.

Odebrecht es el caso de corrupción más grave de toda América Latina: es un robo tan gigantesco que ha salpicado a los más poderosos de países como México, Brasil y Colombia y nos ha mostrado, aunque ya lo sabíamos, el peligroso impacto político que tiene la corrupción y que más o menos resume la historia política de nuestros países: el enriquecimiento de los más ricos, ilícito o no, siempre ha estado por encima de los derechos humanos de la población. La sensación que yo tengo como ciudadana, y seguro que no soy la única, es que el fiscal Martínez está en ese puesto para cuidarles la espalda a los ladrones más poderosos del país y, si es posible, entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz al punto de hacerlo impracticable. Lo que está en juego aquí es mucho más que cantidades exorbitantes de plata robada, pues los cuestionables vínculos que Martínez tiene con lo peor del poder en este país ponen en jaque la garantía de nuestros derechos humanos. Eso es más que suficiente para exigir la renuncia del fiscal.

 

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