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Néstor Humberto Martínez Neira: ¿un mentiroso compulsivo?

Cecilia Orozco Tascón
04 de julio de 2019 - 04:21 p. m.

Con todas las cualidades de sapiencia, inteligencia, importancia social y prestancia profesional que le atribuían sus defensores al “mejor abogado de Colombia”, ese que el dios bondadoso nos puso como fiscal general, la estantería se le viene encima a Néstor Humberto Martínez Neira, el personaje que anunció su “renuncia irrevocable” del cargo debido a que su “conciencia y devoción por el Estado de derecho” le impedían continuar con su trabajo titánico de enderezar la justicia del país. ¡El Señor nos proteja, gimieron sus aduladores cuando su vacío nos habría dejado un caos institucional imposible de reparar! El cataclismo sucedió hace apenas mes y medio. Y ya empiezan a conocerse los motivos menos glamorosos que condujeron al retiro del señor Martínez: a menos de 15 días de su huida al exterior (en donde vive en la opulencia, gracias al disfrute de las riquezas que amasó aquí mientras era abogado de personas más ricas que él y, simultánea o alternativamente incidía en el curso de los asuntos de su interés privado con las influencias de sus posiciones oficiales), El Espectador reveló los “tropiezos” que enfrentó el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, en su intento por investigar los tres casos relacionados con la megacorrupción de Odebrecht que le fueron asignados tardíamente, cuando era imparable el escándalo por el bulto de inhabilidades legales y éticas del individuo que dirigía la Fiscalía General. Con la suavidad de un diplomático, Espinosa calificó, en el informe de actividades que remitió a la Corte Suprema, de “irregularidades” e “inconsistencias” los obstáculos que le pusieron Martínez Neira y su vicefiscal con el objeto de frenar el avance de su tarea: cada vez que el ad hoc solicitaba el envío de los expedientes que requería, se encontraba con marañas de papeles sin orden, índices o inventarios que le hacían imposible la comprensión de los documentos; con demoras, piezas incompletas, excusas sobre reservas judiciales inexistentes e, incluso, con la entrega de copias ilegibles. Espinosa encontró, de otro lado, que la Fiscalía de Martínez archivó, de manera prematura, un proceso; no emitió órdenes de captura en el tiempo exigido; dejó de imputar los cargos más graves a los brasileros voceros de Odebrecht en Bogotá y permitió que uno de los extranjeros trasladara $900 millones de sus cuentas colombianas a otras en el extranjero, días después de que los dineros habían sido detectados por el CTI.

 

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