Por: María Elvira Samper

Ni con palo ni con rejo

Nada más noble que la causa de los niños.

Es la de la senadora Gilma Jiménez, líder del proyecto de la pena de muerte para violadores de menores y quien acaba de radicar otro igualmente polémico en el Congreso sobre paternidad y maternidad responsables que incluye, entre otros puntos, la eliminación de subsidios que, según ella, incentivan la natalidad; la suspensión de la custodia de los hijos a las madres que no pueden responder por ellos y sanciones —desde cárcel hasta pérdida del empleo— para los padres que no se hagan cargo de sus críos.

Aun si el diagnóstico es correcto (la violencia contra los niños es propiciada por entornos de adultos irresponsables), el proyecto parece inspirado más en la emoción que en la razón y en las buenas intenciones más que en su viabilidad jurídica y eficacia social. Tiene, además, un sesgo autoritario y responde a esa visión reduccionista que todo lo ve desde el castigo y la represión. Busca corregir un atropello con otro: atenta contra el derecho de la mujer a decidir libremente el número de hijos. Contradice así la esencia del Estado de Derecho, lo mismo que al pretender que el Estado intervenga en asuntos del resorte íntimo de las mujeres y les niegue la protección de los derechos a los hijos que considere que les sobran.

Sólo coincido con la senadora en la necesidad de que el control de la natalidad vuelva a la agenda pública nacional, pues desde los años 80, tras un significativo descenso de las tasas de crecimiento demográfico, el asunto dejó de ser prioritario para los gobiernos. Si bien la violencia merece especial atención, es sólo uno de los problemas derivados de las altas tasas de fecundidad, sobre todo en los sectores más pobres. Hay otros igualmente graves, como el embarazo adolescente y el aborto: 90 de cada mil jóvenes quedan embarazadas antes de los 18 años, lo cual implica un enorme costo social con serias consecuencias para las madres, que ven frustradas o limitadas sus posibilidades de estudio y de trabajo, y para los niños que, según múltiples estudios, presentan mayores tasas de morbilidad y desnutrición, y más bajas de desarrollo mental. Además, el 52% de los niños que nacen no son deseados, según informe de la Presidencia. Con respecto al aborto, las cifras más conservadoras apuntan a 300.000 al año, y según el Ministerio de Protección Social, el ilegal es la tercera causa de mortalidad materna.

Todo esto es el resultado de la ausencia o de graves deficiencias en la información, la prevención y la educación sobre la salud sexual y reproductiva. Por eso los problemas derivados de las altas tasas de fecundidad no se solucionan ni con palo ni con rejo, sino con prevención y educación. Corresponde al Estado garantizar que los colegios públicos y privados dicten la cátedra de salud sexual y reproductiva —tendenciosamente estigmatizada como ‘cátedra del aborto’ por los oscurantistas—, y que, sin excepción, todos los planes de salud incluyan programas de control natal con acceso fácil y gratuito a los métodos de planificación. Incluso podrían otorgarse subsidios de control natal a los más pobres.

El proyecto de la senadora Jiménez, aunque bien intencionado, se queda corto y se equivoca en la solución. Porque no sólo es necesario proteger a los niños de la violencia intrafamiliar, sino romper el ciclo de la pobreza (está demostrada la estrecha relación pobreza-tamaño de la familia). Si la prioridad de la política social del Gobierno es reducir la pobreza, no es evidente que tenga una política nacional de población con metas, instrumentos y presupuestos definidos, pero respetuosa de la libre determinación de las personas para decidir el número de hijos.

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