Ni inapropiada ni inoportuna

El fallo de la Corte Constitucional que ordena modificar el mecanismo con el que la Corte Suprema investiga y juzga a los congresistas, en su interpretación, se torna paradójico y contradictorio. No obstante considerar tirios y troyanos que tiende a purificar la aplicación de justicia, es calificado al mismo tiempo por algunos (El Espectador, editorial, mayo 5 de 2008) como inoportuno, inapropiado o emitido en mal momento. ¿La razón? Los efectos que la decisión puede tener sobre el proceso de la parapolítica.

La justicia ni es de oportunidades ni se imparte por opiniones generalizadas o interpretaciones subjetivas, sino por la comprobación del hecho punible con sujeción a los derechos procesales y fundamentales del implicado. Cuestionar entonces una sentencia, por las repercusiones que sobre un determinado proceso tenga es un marcado sesgo, desprovisto de la imparcialidad requerida. Sería aceptar que lo que se pretende no es el juzgamiento de los implicados, sino su condena a toda costa, independientemente del cumplimiento de las garantías procesales y el respeto de sus derechos fundamentales.

Contrario a lo que algunos manifiestan, los derechos de los procesados no pueden ser sopesados para su aplicación con efectos prácticos o factores de conveniencia. Lo justo es justo y lo legal es legal, así para algunos resulte impráctico o inconveniente. Principios constitucionales como el debido proceso y la justicia plena no se sobreponen ni contraponen, por el contrario, se complementan. Uno es causa de la otra. Existiendo el primero, se puede configurar el segundo, de lo contrario no. Así pues que la decisión de la Corte Constitucional, que pretende garantizarlos, no puede ser interpretada como cuestionable o inoportuna.

El fallo, que a decir de expertos se ajusta a los estándares mundiales de justicia, corrige una protuberante anomalía que en ningún país del mundo civilizado existe: que el mismo investigador es el que juzga, como ha venido ocurriendo con la Corte Suprema de Justicia en el caso de los congresistas. Bajo esa premisa, es claro entonces que a quienes de esa forma han sido juzgados, se les han violado derechos fundamentales. Eso, independiente de que sean o no culpables o que la sociedad o algunos sectores de ella así los consideren porque a todas luces parezcan. La impresión ni la conveniencia son factores válidos para aplicar justicia.

Ricardo Buitrago C. Bogotá

Sin rodeos, sobre  Lucho

No es mi propósito tomar el lugar del hombre de los gazapos en El Espectador, ni tampoco el de rigurosos constitucionalistas como Mauricio García o Rodolfo Arango. Quisiera tan solo compartir algunas ideas sueltas sobre reelección y Luis Eduardo Garzón. Yo de política sé poco, pero sí me han gustado siempre la historia y las lenguas. Escribo para subrayar cómo, y una vez más, demuestra Luis Eduardo Garzón que la pluma no es una de sus virtudes (no le conozco muchas de todas formas): con sus calificativos “pichurrio”, “estornudo”, “darnos codo”, no parece nacido en la ciudad de Rufino J. Cuervo.

Ahora que Garzón está en una especie de año sabático, le recomiendo que aproveche para estudiar un poco de historia de Colombia. Lo digo, por su escrito de ayer.

Dice Garzón, “con Núñez fueron cuatro (reelecciones)”. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son sus fuentes? Hasta donde yo recuerdo, Núñez fue el último presidente de los Estados Unidos de Colombia entre 1884 y 1886, hasta que, luego de la absurda derrota de los radicales en la posbatalla de La Humareda, lanzó el famoso grito: “La Constitución de  1863 ha dejado de existir”. A partir de allí estuvo en interinidad y, luego de ser aprobada la nueva Constitución —que permitió la reelección ilimitada, aumentó los períodos presidenciales a seis años, centralizó excesivamente el país, promovió la pena de muerte, el destierro (entre sus víctimas, Fidel Cano, fundador de El Espectador; Santiago Pérez, uno de los fundadores del Externado; Rafael Uribe Uribe; escritores como El Indio Uribe y Vargas Vila, etcétera. Al  poeta Silva sólo lo salvó la muerte voluntaria)—  fue “elegido” (por el Concejo de Delegatarios que él mismo nombró) por seis años, hasta 1892 (pasó muy poco tiempo en el gobierno, pero se dice que los editoriales  que escribía en El Porvenir de Cartagena eran sus mensajes a los vicepresidentes de turno). Esa sería la primera reelección —bastante sui géneris sin duda—. Luego fue elegido, segunda reelección, para el período 1892-1898, pero su vida llegó hasta 1894. Es cierto que la Constitución de 1863 permitía la reelección, pero no de forma consecutiva, y que Núñez fue presidente entre 1880-1882 y 1884-1886, y si sumamos todo, nos da cuatro presidencias de Núñez, pero es falso lo que afirma Garzón sobre las supuestas cuatro reelecciones.

Algo más, ¿comparar a Miguel Antonio Caro con Carlos Holguín? Caro, un fanático religioso y político, al menos fue un hombre inteligente, capaz, preparado, gran latinista y excelente escritor. ¿Y Holguín...? Recuerdo que alguna vez  Otto Morales Benítez dijo aquí en París que no se podía comparar a Núñez con Uribe Vélez, pues el primero sí había sido un gran humanista, cosmopolita y honesto e integral ciudadano (más allá de las polémicas políticas).

Por último, dice Garzón que el período de Núñez culminó “con el triste episodio de la entrega de Panamá”. Yo me pregunto, ¿terminaron realmente los estragos de la Regeneración en 1903? Sin duda, la pérdida de Panamá fue una de sus consecuencias, pero no la última. Recordemos que a pesar de las reformas de 1910 y, sobre todo, las esenciales reformas del período liberal (1930-1946), la Constitución de 1886 continuó vigente hasta 1991.

Y por último, lo que más me indigna como hija de la Guajira, es que Garzón pretenda ahora elevarse como Nostradamus criollo, profetizando “movimientos separatistas” en mi región.

Gabriela Pain. París.

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