Ni infante ni inimputable

PREOCUPA QUE HAGA CARRERA LA idea de que Tomás Uribe y su hermano no puedan ser sujetos de control social o judicial, o que ni siquiera se les deba pedir que acudan como testigos para apoyar los procesos que se tramitan en los tribunales.

Descontando a los medradores del poder y a los lagartos, en ese sentimiento expresado por unos columnistas respetables subyace el supuesto de que los Uribe son víctimas de persecución o de que, por ser jóvenes, no son responsables de sus actos. Esa impresión fue reforzada hábilmente por los consejeros del mayor de los Uribe, cuando éste fue citado a la Corte  para rendir testimonio en la nueva investigación provocada por la confesión de Manuel Cuello Baute, sobre la repartición dolosa de decenas de notarías.

El agobio maternal que todos tenemos frente a un hijo en problemas fue el que aprovecharon los publicistas de Uribe Moreno cuando le sugirieron no entrar por el sótano de parqueaderos de la Corte, como lo hacen los visitantes que tienen riesgos de seguridad. Le indicaron, en cambio, que entrara y saliera por el corredor donde están las cámaras y los micrófonos de la prensa. La escena era perfecta para dar el segundo paso de la estrategia: filtrar que un magistrado auxiliar se había sobrepasado con él. Inevitable hacer una reflexión: si lo citan, es un abuso. Si no lo citan, pero su nombre ha sido mencionado por un declarante, lo están investigando a sus espaldas.

Pero vamos a los hechos. El ex superintendente Cuello confesó bajo juramento que le entregó una notaría en Facatativá y una en Tunja, a instancias de Uribe Moreno, a una señora cuyo esposo tenía tres características: era funcionario de Cuello; era asiduo visitante de Presidencia, y depositó $20 millones en la cuenta de Teodolindo, quien purga cárcel por recibir dinero por otra notaría. La señora de ese personaje se ufanaba de ser cuota de Tomás Uribe, aunque, ya pillada, dijo que era un chiste.

Cuello reiteró sus afirmaciones semanas más tarde. Yidis Medina, también conminada a rendir testimonio, confirmó lo dicho por Cuello y reveló otro nombre: el del presunto enlace entre Tomás Uribe y los aspirantes a la notaría Facatativá-Tunja. Lo identificó como Javier Socarrás, paisano de Cuello y del consorte de la notaria. Se supo, días después, otra cadena de sucesos: Socarrás aparece con Tomás Uribe, el esposo de la notaria, y la notaria, en un video de su campaña política. De remate, este “enlace” resulta ser amigo del ex alcalde de los terrenos de la Zona Franca, o sea el de Mosquera. Y a este último la Fiscalía lo acusa de interés indebido en la celebración de contratos. ¿Habrá motivos para que la Corte crea necesario el testimonio de quien, llámese como se llame, ha sido involucrado en asunto tan delicado o será simple vendetta?

No se pueden prejuzgar los actos de Uribe, como no debe hacerse con los de otro colombiano y, desde luego, él tiene derecho a que se presuma su inocencia. Lo que no entiendo es por qué se reclama para él el privilegio de los intocables. Convendría recordar la sanción de arresto y la asistencia a un curso de alcoholismo que le impuso un juez a Jena Bush cuando su padre era el presidente del mundo. Ella tenía 19 años. El señor Uribe hace por lo menos seis cumplió la mayoría de edad y no sufre de confusión mental. No en vano es capaz de producir más de $5.000 millones. ¿Por qué habría de adjudicársele la categoría de infante, de perseguido o de inimputable? El que nada debe nada teme y, por lo demás, una citación a testimoniar no demerita a nadie, salvo que uno lo haga en falso.