Por: Uriel Ortiz Soto
Comunidad y desarrollo

¡Ni represión, ni aspersión!

Hay que aceptar que la erradicación manual con posteriores programas de sustitución, aunque con lentitud, está dando resultados positivos; luego, nadie entiende por qué el Gobierno insiste en la fumigación con glifosato. No debemos exponer al Estado a una racha de demandas como consecuencia de daños y perjuicios causados a la salud y al medio ambiente por la aspersión de glifosato en zonas de cultivos ilícitos.

Desde luego, estamos de acuerdo con la erradicación de la industrialización, comercialización y consumo de cultivos ilícitos y alucinógenos. Sin embargo, es preciso implementar medidas más eficaces y perdurables; las que se vienen aplicando hasta la fecha no han sido lo suficientemente efectivas y claras.

Las medidas represivas y de aspersión deberían desaparecer como instrumentos de lucha o armas de combate para frenar el cultivo, industrialización, comercialización y consumo de los ilícitos.

Estos dos instrumentos legales y de lucha, que nuestras autoridades con muy buenos propósitos se empecinan en mantener en vigencia, lo que hacen es subir los precios y el estatus, tanto en los mercados nacionales como internacionales.

La única forma de acabar con los ilícitos es la erradicación con concientización y motivación, promoviendo en las zonas productos de pancoger, pero con mercado asegurado. Son varios los programas que se han implementado sobre el particular, pero, lamentablemente, quienes los manejan son personas inexpertas, puesto que no conocen del tema y los dineros finalmente se dilapidan en burocracia rampante y corrupta.

En varios foros y seminarios se han escuchado voces autorizadas de pequeños cultivadores de coca, quienes manifiestan que una vez les hacen destruir los cultivos ilícitos, para reemplazarlos por lícitos de pancoger, los abandonan a su suerte, ni siquiera les cumplen con la cuota mensual de manutención, razón por la cual se ven obligados a regresar a los cultivos de siempre.

Total, el Gobierno debería reestructurar los programas de erradicación y sustitución. Considero que sí hay voluntad mayoritaria de pequeños y medianos productores para retirarse del negocio, lo que se requiere es establecer una política más precisa, donde quienes se acojan a estos programas se sientan seguros, con un proyecto de vida por delante.

Hemos advertido en esta columna varias veces cómo la naturaleza es pródiga en el suministro de insumos para producir drogas ilícitas. Para citar un caso, el llamado borrachero o cacao sabanero se puede apreciar en las orillas de las carreteras de Cundinamarca, el Eje Cafetero y otras regiones del país; de los estambres, con un proceso meramente artesanal, se extrae el terrible polvillo llamado escopolamina. Existen otros cultivos, como el barbasco, que se producen sin el más mínimo esfuerzo, se dan a la intemperie y existen desde tiempos ancestrales.

En este orden de ideas, Colombia se encuentra atrapada por las drogas de cultivo, como la marihuana, la cocaína y la heroína, pero lo más grave es que todos los días aparecen las llamadas sintéticas, que son producidas artesanalmente en los hogares, con insumos que se consiguen en farmacias y droguerías, sin ninguna restricción o formulación médica.

Existen miles de laboratorios artesanales por todo el país, además de una impresionante población de consumidores en los establecimientos educativos, con agentes distribuidores lo suficientemente bien entrenados y organizados para ofrecer y promocionar los productos a la entrada y salida de las escuelas, colegios y universidades.

Son varios y costosos los intentos que desde décadas atrás vienen adelantando las autoridades para acabar con la producción, comercio y consumo de drogas en Colombia. Lamentablemente, hasta la presente fecha, son más los desaciertos que los aciertos.

Las medidas represivas que se han implementado no pasan de ser paños de agua tibia, que ocasionan tremendas desgracias en personas y familias inocentes que resultan vinculadas sin tener que ver con el asunto.

Los pequeños y medianos campesinos que se dedican a cultivos diferentes a los del narcotráfico muchas veces son implicados y llevados a las cárceles sin ninguna justificación, con el peregrino argumento de ser colindantes con un cultivo ilícito y no haberlo denunciado oportunamente.

Sobre el regreso del glifosato, aunque el nuevo decreto se ajuste al fallo de la Corte Constitucional, considero que no es el camino más viable. Según reportan los habitantes de las regiones que lo reciben, se afecta gravemente el medio ambiente, los cultivos de pancoger y, sobre todo, la salud de las mujeres que estando en embarazo reciben la llovizna, lo que les acarrea el aborto o las criaturas nacen con deformidades congénitas.

Valdría la pena que el Gobierno revisara más a fondo la política antidrogas, con el fin de buscar otros medios que sean más llevaderos sin que causen daños medioambientales y a vidas humanas.

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