Por: Humberto de la Calle

Nicaragua: no nos metamos mentiras

No es por aguar la fiesta. pero en verdad, la soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina nunca estuvo realmente en riesgo ni la verdadera estrategia de Nicaragua era ganar para sí una porción territorial sobre la cual nunca ejerció soberanía.

Más allá de la palabrería, lo que quería en el fondo Nicaragua era entrar a delimitar las áreas marinas a la luz de los nuevos avances del derecho del mar, posteriores al Tratado Esguerra-Bárcenas. Su principal interés era que se considerara que el Meridiano 82 no constituía una delimitación de esa naturaleza.

De modo que hay que celebrar el que la Corte de La Haya, con 13 votos a favor y 4 en contra, haya dejado intacta nuestra soberanía en el Archipiélago, pero esa celebración no puede opacar un hecho: ahora tenemos una seria disputa sobre los límites marítimos. Le hemos ganado a la retórica encendida de Nicaragua, pero estamos frente a una discusión sobre derecho del mar cuyo resultado es incierto. Queda, además, la decisión unánime de la CIJ de declararse competente para las porciones distintas a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuestión de suyo delicada. El fundamento de esto es doble: que las porciones adyacentes al Archipiélago no quedaron claramente definidas en el Tratado y que, aunque no de manera explícita, la soberanía sobre Roncador, Quitasueño y Serrana está ligada a la discusión con Estados Unidos, Tratado Vásquez-Saccio.

Ya se veía venir el asunto. En el reciente fallo de la misma Corte sobre Honduras-Nicaragua, algunos se precipitaron a decir que era un triunfo de Colombia. Otros, más cautos, señalaron que esa decisión nada tenía que ver con nosotros. El hecho es que en los elementos similares de ambas controversias, Colombia no las tiene todas consigo.

En efecto, Honduras obtuvo la soberanía de cuatro islas en el Caribe (Cayo Savana, Cayo Bobel, Cayo Sur y Cayo Port Royal). Pero la CIJ no aceptó la división marítima propuesta por Managua, que alcanzaba el paralelo 17, ni tampoco la del paralelo 15 que proponía Honduras. De modo que, mutatis mutandi, la soberanía indiscutible sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no es argumento suficiente para entender delimitadas las áreas marinas y submarinas.

Tampoco nos salió bien el retiro de la jurisdicción un día antes del vencimiento del término. Fue una jugada arriesgada y, a la vez, inocua. No obstante, tampoco veo que cobre vigencia la tesis de la renuencia absoluta propuesta por Alberto Lozano Simonelli. Nos hubieran derrotado en ausencia.

La disyuntiva ahora es negociar o continuar el proceso. Esta segunda vía depende de dos cosas: las posibilidades reales de un triunfo rutilante y la aminoración de posibles agresiones por el hecho mismo de la negociación. Los expertos deben mirar si, a la luz del derecho del mar, Colombia mantiene sus áreas o sale gananciosa con un posible fallo de la CIJ. Si el resultado previsible no es altamente satisfactorio, someterse a los riesgos de un pleito con todas las agresiones colaterales que vendrán, algunas de ellas auspiciadas por Venezuela, es un verdadero riesgo.

Colombia no debería desestimar la posibilidad de hacer un alto y abrir una etapa provisional de intercambio directo de opiniones con Nicaragua, sin perjuicio de mantener abierta la continuación del juicio para que la CIJ dirima de raíz el asunto, si una negociación no es viable.

 

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