Por: Catalina Ruiz-Navarro

#NiñasNoMadres: contra la maternidad infantil forzada

Ayer, 29 de mayo, se presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuatro casos de maternidad forzada en niñas en Latinoamérica.

Fátima, en Guatemala, fue víctima de un funcionario de la Secretaría de Bienestar Social y amigo de su familia, quien la violó el 27 de noviembre de 2009 cuando ella tenía apenas 12 años. Fátima quedó embarazada y le negaron el derecho al aborto. El culpable escapó y van casi diez años de impunidad. A Susana, en Nicaragua, la violó su abuelo, quien la amenazó con un machete mientras trabajaban en el campo. Luego de meses de violaciones sistemáticas, Susana quedó embarazada, su abuela se dio cuenta y trató de denunciar y proteger a la niña de su marido. Pero el abuelo fue a buscarlas con hombres armados a un albergue. Susana y su abuela tuvieron que presentarse en otros cinco municipios para que les aceptaran la denuncia. En octubre de 2014, Susana tuvo un parto sin atención prenatal ni apoyo médico. A la fecha el abuelo sigue libre. También en Nicaragua, uno de los seis países de la región en donde el derecho al aborto está prohibido en todos los casos, a Lucía, de 13 años, la violó un sacerdote de forma reiterada por más de un año hasta dejarla embarazada. Las violaciones eran un secreto a voces; a Lucía hasta la llamaban “la querida del cura”. Lucía fue obligada a parir y un examen de ADN confirmó la culpabilidad del cura, quien aún sigue libre. En Ecuador, Norma creció en un entorno de violencia sexual casi ubicua. Raúl, el padre de Norma, violó a su sobrina cuando esta tenía 12 años y Norma, seis. Para alejarla de su padre agresor, Norma pasó de casa en casa como una papa caliente hasta llegar a la casa de su madre. La nueva pareja de su madre violó a la hermana mayor de Norma, y su hermano, para protegerla, la llevó a vivir donde su abuela. Pero cuando su abuela murió, el Estado ecuatoriano le entregó a Norma a su padre, quien empezó a abusar sexualmente de su hija cuando ella cumplió los 12 años. El padre la mantenía encerrada y por eso la familia no se dio cuenta del embarazo hasta que estuvo avanzado. Raúl enfermó y murió cuatro años después de la denuncia, que terminó por ser archivada, y Norma tuvo que enfrentarse a la maternidad forzada.

El escenario y los nombres cambian, pero las historias son las mismas: la violencia sexual hace parte del cotidiano de las niñas latinoamericanas y nuestros sistemas de justicia no ofrecen nada diferente a la impunidad. La preocupación por los derechos de la niñez suele quedarse en promesas de campaña o en las rimbombantes declaraciones de políticos antiderechos que dicen defender a los y las niñas pero avanzan políticas públicas que prohíben o limitan el derecho al aborto y las abocan a la maternidad forzada. Fátima, Lucía, Susana y Norma (sus nombres han sido cambiados por su seguridad) se tuvieron que enfrentar a un embarazo sin entender siquiera qué les estaba pasando a sus cuerpos, y todas pensaron en suicidarse, y el suicidio es reconocido como la segunda causal de “mortalidad materna” en niñas, la primera siendo, por supuesto, el parto mismo. Hoy, que son adultas, han decidido con mucha valentía llevar sus casos a instancias internacionales, pues saben que sus historias no son excepcionales.

Al llevar estos casos ante la ONU se busca impulsar cinco estándares: 1. “Obligar a una niña violada a continuar el embarazo es cruel, inhumano y degradante”. 2. “Respetar la autonomía y capacidad de juicio de las niñas”. 3. “Tratar este asunto como discriminación de género”. 4. “El derecho a la integridad personal: que las menores que quieran abortar no sean tratadas como criminales”. 5. “El derecho a la vida, pues las menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir en el parto”. Parece mentira que unas condiciones tan básicas tengan que exigirse en espacios internacionales, pues los Estados no tienen garantías para que las niñas latinoamericanas sean #NiñasNoMadres.

@Catalinapordios

 

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