No basta con decir “no”

Con Pijao (Quindío) y Arbeláez (Cundinamarca), van siete municipios que han votado “no” a la explotación de metales o petróleo en sus territorios. A ellos se suman 44 que están convocando consultas populares similares. También municipios como Jericó y Támesis (Antioquia), cuyos concejos prohibieron la minería de metales para proteger el ambiente y la agricultura.

En otras columnas he explicado cómo la Constitución, la ley y los fallos de la Corte Constitucional han dejado claro que esas medidas son legales y obligatorias para el Gobierno Nacional. Con la ola de consultas, se va despejando el debate jurídico y va surgiendo la discusión más compleja: ¿cuál es el significado político de las consultas? ¿Qué dicen sobre el futuro del modelo económico nacional? ¿Qué viene para los municipios y las comunidades después del “no”?

Como sucede con alguna frecuencia, muchas partes en el debate tienen más argumentos jurídicos que respuestas y alternativas frente a esas preguntas difíciles. Los críticos de las consultas han tendido a desconocerlas. Los partidos tradicionales descalifican las consultas porque no pueden controlarlas: como no hay puestos por repartir, las maquinarias políticas no funcionan como de costumbre y la gente vota motivada por razones de fondo (como proteger el agua), todo lo que cual explica las mayorías contundentes por el “no”. El Gobierno, el gremio minero y algunos opinadores lamentablemente han optado por descalificar a los votantes como si fueran miles de desinformados o “ambientalistas extremos”, preocupados solo por su jardín y miopes frente a la necesidad de ingresos por regalías.

La alternativa de los críticos es más de lo mismo: una economía y un presupuesto público del siglo XIX, sujetos a la suerte de los precios de los minerales y el petróleo. Lo dijo por estos días el economista Jeffrey Sachs, no precisamente un ambientalista extremo: “Eso no es crecimiento, sino bonanzas de precios o vacas flacas”.

Los alcaldes y movimientos que impulsan las consultas sí tienen propuestas en mente: ecoturismo, pago por servicios ambientales, agricultura sostenible, y departamentos y asociaciones de municipios que le apuesten a la conservación y la educación, como en Costa Rica. Pero algunos promotores de las consultas han tendido a perder de vista esas alternativas, porque sus esfuerzos se han tenido que concentrar en defender su derecho a votar.

Tomando en préstamo el título del libro de Naomi Klein, creo que decir “no” no es suficiente. Aunque haya sido casi la única opción ante la renuencia del Gobierno Nacional a concertar con los municipios, la negativa debería ser un primer paso hacia una alternativa económica local. Por eso es alentador que otros municipios, como los quindianos, estén convocando a sus ciudadanos a votar por preguntas que mencionan tanto la prohibición de algunas formas de minería como la promoción de otras actividades económicas.

Ante la incapacidad del Estado nacional de ordenar el territorio para hacer compatible la minería con el medioambiente y otras economías, las consultas son un paso democrático para intentarlo. Pero para avanzar habrá que combinar el voto de protesta con el voto de propuesta.

* Director de Dejusticia.