Por: Humberto de la Calle

No caer en el truco

Mire usted: no pienso votar por Petro ni por Mockus para la Alcaldía de Bogotá.

El liderazgo del primero, que lo tiene, funciona mejor en temas nacionales. Aunque ha hecho la tarea de estudiar los problemas de la capital, no creo que tenga las habilidades gerenciales que se requieren en este momento crítico de la ciudad. Por otro lado, aunque el que haya acudido a la violencia como herramienta política es algo perdonado, y bien perdonado, en lo individual uno tiene derecho a guardar cierta distancia cuando se trata de depositar el sufragio. Entre perdonar y votar hay un amplio trecho. El otro, Mockus, fue un gran alcalde. Pero tampoco creo que sea este el momento para repetir la experiencia.

Dicho esto, lo que sí encuentro absolutamente inconveniente es el deseo de algunos de impedir que sus seguidores vayan a las urnas con argumentos jurídicos. De Petro se alega que hay por allí una condena suelta por porte de armas. ¡Y que una norma del 2009 lo excluye, 20 años después! Por haber participado como ministro en el proceso de indulto al Movimiento 19 de Abril, debo recordar que, con fundamento en la ley 77 de 1989, los ministros de Justicia y de Gobierno examinamos una a una las solicitudes de indulto, para verificar que se tratara de delitos políticos o conexos. Se excluyeron expresamente el homicidio fuera de combate, con sevicia o en estado de indefensión, y los actos de ferocidad o barbarie. En las circunstancias concretas de esos rebeldes, el porte de armas era indiscutiblemente un acto conexo al de rebelión. Su contenido político era indiscutible. Algo similar ocurrió con Marcos Chalita, a la sazón constituyente, quien pese a poseer armas quedó claro que el indulto lo cobijaba. Ahora, por fuerza de cabos sueltos y nuevas normas, mediante una tarea de caleidoscopio jurídico se quiere armar un alegato para sacar a Petro de la contienda. El espíritu global de estas decisiones fue el del perdón y la reincorporación a la vida civil. El M-19 ha cumplido a cabalidad sus compromisos con la paz. Petro ha conducido su lucha política bajo un marco rigurosamente legal. Más allá de los incisos, hay un compromiso moral de la nación con el M-19. Sería un desatino, de graves consecuencias, que a través de crucigramas jurídicos se privara a los exguerrilleros desmovilizados del derecho a participar en la lucha electoral. Un acto de perfidia estatal inaceptable.

En cuanto a Mockus, lo que se propone es un verdadero atropello. Sería la aplicación retroactiva de una inhabilidad, algo que pondría a trepidar al más balbuceante y tímido de los sistemas jurídicos. Así no es el juego. Acciones de este tenor privarían al Estado de legitimidad. Y esto podría traer consecuencias impredecibles.

En cuanto a los otros candidatos, la sangre fresca y esperanzadora de los tres jóvenes tenores rehúye una alianza que para todos resulta obvia. Va a ser difícil que ganen en octubre. Quizás estén en otro juego. Seguramente piensan más en el futuro. Hacen parte destacada, junto a otros, de esa clase dirigente política que nos va a regir en 10 o 15 años. Los tres deben tener planes que realmente no pasan por el Palacio Liévano, sino por una casona más al sur de la ciudad. Y en tales condiciones, ceder puede ser mortal.

Volveremos con Peñalosa.

 

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