Por: Daniel Pacheco

No hablar de drogas

EN SU DISCURSO DE POSESIÓN EL presidente Santos no mencionó la palabra “droga” ni una vez.

¿Qué podemos esperar del nuevo gobierno en materia de políticas hacia el uso de sustancias psicoactivas? ¿Habrá continuismo en la dirección represiva trazada por el ex presidente Uribe?

Santos dio las pistas más detalladas de su postura en el debate presidencial de NTN24 y La Silla Vacía. El entonces candidato respondió a la pregunta que yo hice, vía Youtube, acerca de cómo avanzaría en la reforma que el actual gobierno propuso al Congreso: “Yo creo en el principio de la libertad, pero en este caso específico no creo que echaría para atrás esta reforma”.

En principio, la reforma de la que habla Santos, se refiere a la modificación del artículo 49 de la Constitución, donde se agregó el siguiente texto: “El porte y consumo de sustancias estupefacientes está prohibido”.

Pero una reforma constitucional tiene pocos efectos prácticos si no se reglamenta por medio de otra ley, porque su interpretación es tan amplia que no se sabe si “prohibir” incluye “penalizar”. Esa ley fue presentada este año al Congreso por el ex ministro Valencia Cossio, y ya superó dos debates en el Senado. Para ser aprobada le restan, al menos, dos debates más en la Cámara.

La nueva ley propone la creación de miles de comités “médico legales” en todo el país. Las personas sorprendidas con drogas (no se discute en qué cantidad) serán conducidas por la Policía a estos tribunales, integrados por un médico o psicólogo del Ministerio de Protección Social, un funcionario de la Policía Judicial, y un miembro de la Procuraduría. Allí el tribunal médico policial dará su “dictamen médico legal” para definir si la persona es consumidor o traficante. Si es jíbaro va para la cárcel, si es consumidor va a un tratamiento voluntario.

Los peligros de que esta ley sea aprobada son evidentes para la libertad de quienes usan drogas. Según el senador Armando Benedetti, quien se opone a la ley, “Este proyecto es un horror, porque pone a un médico de juez”. Para Benedetti el peligro de penalizar a los consumidores es latente.

Y cómo no va a serlo, si la libertad de una persona empieza a pender de la decisión que un psicólogo, un policía y un procurador toman a las 3 de la mañana, luego de sólo una audiencia, y sin posibilidad de defensa o apelación.

La pregunta ahora es si el nuevo gobierno pretende seguir adelante con la aprobación de esta ley.

Yo creo que hay razones para ser optimista. Por un lado, Benedetti, actualmente presidente del Senado, ha expresado su intención de trabajar para hundir el proyecto. Por otro, Germán Vargas Lleras, nuevo ministro del Interior, dijo en la campaña que “se comente una equivocación penalizando el consumo. Los muchachos necesitan es prevención, no que los reseñen, y menos que los penalicen”.

Definitivamente no hacer nada, por ahora, y dejar que el proyecto se hunda, es hacer lo mejor. Entonces, para empezar, el silencio de Santos parece una buena señal de cambio. Luego habrá tiempo de hablar.

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