Por: Humberto de la Calle

No hay constituyente mansita

El argumento parece bola a bola: si el Congreso no ha podido reformar la justicia, si las cortes juegan un juego extraño, si el Gobierno se enreda en el laberinto de los intereses, entonces hagamos una constituyente y santo remedio.

Pero detrás de esta sencilla meditación hay complejidades que desaconsejan ese camino.

Lo primero es que nadie cree en la mansedumbre de la idea. Por mucho que se proclame que su alcance es limitado, que nadie osará salirse del marco del aparato judicial para tocar otros puntos, todos sabemos que en la práctica esto es imposible. En el 91 comenzamos más o menos con una idea semejante. Se hizo un detallado temario desarrollado en agobiantes reuniones entre el Gobierno y la virtual totalidad de los partidos. Se diseñaron mecanismos para evitar el desbordamiento. Y a la primera de cambio, la propia Corte Suprema de Justicia, en reñida decisión, optó por el famoso “a quien no quiere caldo se le dan dos tazas”. ¿Desean una asamblea constitucional domesticada, preguntó la Corte? Pues no, ahí les va una constituyente pura y dura, soberana. Los acuerdos partidistas se difuminaron. Ya nadie los respetó, incluidas las fuerzas políticas que días antes habían firmado el compromiso en Casa de Nariño. De modo que lo que ahora se anuncia con tanto pudor, tanto comedimiento y tan buenas maneras, es verdaderamente un caballo de Troya institucional, una matrioska, aquellas muñequitas rusas que como lajas de cebolla se van deshojando y a cada nuevo deshoje aparece una nueva figura. Algún ingenuo dirá que basta con adoptar una norma que confíe a la Corte Constitucional la salvaguarda de los límites temáticos. Que no nos crean idiotas. Si la constituyente puede modificar el propio control constitucional, que indudablemente hace parte de una posible reforma judicial, ¿cómo frenar este río desbordado?

Este temor genérico se concreta, además, en las monumentales ambiciones del entorno del doctor Álvaro Uribe. Él está en su pleno derecho de expresar sus ideas. Pero el extremo y agresivo activismo, y la desvergonzada actitud de algunos de sus áulicos que propalan sin pudor la especie de que se trata de tomar nuevamente el poder aunque sea a través de un presidente-marioneta, hacen ver que los temores sobre el desbordamiento no son producto de la paranoia.

En tales circunstancias, como lo sostuvo El Espectador en su reciente editorial, no es este el momento más afortunado para recorrer un camino que, si bien en 1991 mostró grandes bondades y resultó exitoso, también es cierto que equivale a una excursión al Everest transitando por el filo del peñasco.

Y la tercera objeción no es menor. En medio del fetichismo normativo cuyo frenesí en vez de desaparecer con la madurez de nuestra organización política, desafortunadamente se incrementa geométricamente, es curioso que pocos se percaten de un hecho patente: los males de la justicia no están mayormente en la Constitución. La formación de los jueces, el alma tinterilla de los colombianos, la inverosímil capacidad de torcerle el pescuezo a la evidencia, el atiborramiento, la insuficiencia gerencial acusada, las debilidades humanas y cierto decaimiento espiritual, ni están en la Constitución ni se corrigen cambiándola.

Lo cuerdo ahora no es profundizar el fetiche sino trabajar en la realidad real.

 

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