Por: Arlene B. Tickner

¡No hay derecho!

Las renuncias recientes del general Freddy Padilla y de Rafael Amador a sus cargos como embajadores en Viena y Rusia, que siguen a la de Carlos Urrutia en Washington, y la de otros en el gobierno de Álvaro Uribe, como el general Mario Montoya y Jorge Visbal, son síntoma de un mal endémico de la política exterior colombiana.

Se trata del uso indebido del aparato diplomático para pagar favores políticos y premiar a familiares y amigos, la erosión consecuente de la carrera diplomática y consular, y la falta absoluta de rendición de cuentas.

Los escándalos que han rodeado a las renuncias, que incluyen participación en falsos positivos, vínculos con paramilitares, abuso sexual y otros actos ilegales, erosionan la imagen que se ha querido construir de Colombia como país serio, moderno y democrático. Pero no menos grave es la malversación de recursos fiscales por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y el deterioro del tejido institucional profesional en cuyas manos debe recaer el manejo de los asuntos externos del país.

De las 60 embajadas que tiene Colombia en el extranjero, tan sólo 10 —menos del 20% exigido por ley, por sí una cifra inferior al promedio mundial— tiene embajadores de carrera. En el caso de los 48 consulados, entre cuyas funciones primordiales está atender a los colombianos afuera, sólo 13 son dirigidos por profesionales que pueden reunir alguna experticia en asuntos consulares. Justo en donde reside el mayor número de connacionales, Estados Unidos, la totalidad de los embajadores consulares corresponde a nombramientos políticos.

La auditoría realizada por la Contraloría sobre la gestión de la Cancillería en 2012 y publicada en junio de este año señala dos lógicas perversas producto de la tendencia de ofrecer puestos a los “amigos”: el nombramiento de funcionarios profesionales en cargos inferiores, pero a quienes hay que pagar según su rango en el escalafón, y la creación sistemática de cargos provisionales. De un total de 258 funcionarios de la carrera diplomática, según la Contraloría, casi la mitad (111) ocupaba cargos por debajo de su categoría en 2012, lo cual le costó al Estado $2.536 millones.

Más indignante todavía, entre 2011 y 2012 la Contraloría detectó un aumento de $9.265 millones a $29.876 millones en el gasto en cargos provisionales (no relacionados con la Cumbre de Cartagena), que sugiere la existencia de una nómina paralela cuyas funciones son tautológicas. Mientras que dos contratos de un año, por valor de $1.700 millones y $1.000 millones, correspondieron a la presentación de “servicios de apoyo en la gestión de atención al público” y la “organización de archivos”, otra contratación recurrente fue para la prestación de servicios que “contribuyan al logro de las estrategias” del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desfalcos similares o peores se presentan sin duda en otros ámbitos de la política pública. Sin embargo, en política exterior llama la atención la aparente “normalidad” que esta situación reviste para la mayoría de los colombianos. El que las élites políticas y económicas se sientan con derechos a los que no tienen ningún derecho —en este caso el usufructo de cargos diplomáticos— no augura bien para un posconflicto que supone, de ser perdurable, mayores concesiones de su parte. Un cambio de mentalidad propicio para esta nueva etapa de la vida nacional podría comenzar por la desclientelización de la diplomacia.

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