Por: Arlene B. Tickner

¡No hay derecho II!

La diplomacia es el instrumento principal que usan los estados para realizar su política exterior, cuyo objetivo genérico es la defensa de los intereses nacionales.

Además de representar a los países en el mundo, el servicio exterior —compuesto por misiones diplomáticas y consulares— debe atender a los connacionales que se encuentran en el extranjero.

Como en cualquier profesión como la ingeniería, la administración de empresas o la abogacía, se supone que quienes tienen en sus manos el manejo de las relaciones internacionales deben contar con preparación y conocimiento previo. Sin embargo, igual que el “analista político”, etiqueta que se aplica en Colombia a cualquier persona que habla de “política” sin importar sus credenciales para hacerlo, “diplomático” e “internacionalista” son significantes vacíos que se llenan con virtualmente cualquier contenido. Por ejemplo, de la noche a la mañana, el relevo de la cúpula de las Fuerzas Militares producido el pasado agosto convirtió a los excomandantes en diplomáticos que, según el presidente Santos, “seguirán sirviendo con la misma dedicación al país”. De forma similar, el general (r) de la Policía Rosso José Serrano fungió ocho años como embajador de Colombia ante el gobierno de Austria y los organismos de la ONU en Viena, y ahora es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en temas de seguridad y narcotráfico.

Como discutí la semana pasada, los criterios usados para nombrar a muchos de quienes nos representan en el exterior —pago político, amistad y familia— son indignantes, no corresponden a un país moderno que quiere ser tomado en serio y son atípicos. El decreto ley 274 de 2000, que rige la Carrera Diplomática y Consular, establece que un mínimo de 20% de los embajadores de Colombia deben ser de carrera —cuota que además no se respeta—, mientras que en Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y México dicha cifra oscila entre 65% y 75%. En casos de profesionalización “extrema” como Alemania, Brasil y Francia, se aproxima a 100%. Igualmente diciente, frente a la norma casi universal de que con excepción de algunos embajadores —que ameritan ser de “confianza” del Ejecutivo en ciertas capitales neurálgicas— todos los demás funcionarios del servicio exterior deben ser profesionales, en Colombia los de carrera sólo ocupan un 40% del total de cargos.

Aunque no todo nombrado político es malo, como tampoco todo profesional es bueno, no deja de ser perverso que servidores públicos que se capacitan durante años ocupen un lugar secundario en la diplomacia nacional. En los peores casos, el desconocimiento de los “políticos” de las funciones y reglas diplomáticas y consulares elementales, así como de las realidades del país anfitrión y de su idioma, debe ser disimulado por los profesionales, quienes en no pocas ocasiones ven obstaculizadas sus labores por esta situación. Asimismo, el sentimiento de frustración entre diplomáticos profesionales experimentados que deben recibir órdenes de embajadores cortos en conocimiento pero de egos crecidos, debe ser inmenso.

Durante los últimos 10 años, que corresponden a un período de intensa internacionalización de Colombia, los cambios dentro del servicio exterior han sido escasos, por no decir nulos.

Mientras no haya voluntad política para cambiar el statu quo, las posibilidades reales de consolidación de la carrera diplomática profesional, de fundamental importancia para la política exterior, seguirán siendo escasas, gracias a los “aliados políticos”, “amigos” y “familiares” de este país.

 

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