Por: Antieditorial

No hay que “pescar en río revuelto”

En los rústicos y hermosos restaurantes del Valle de Cocora, en el Quindío, así como en los principales atractivos turísticos del país, a los visitantes les ofrecen “platos locales”, entre los cuales se destacan la trucha y la tilapia.

Después del almuerzo los turistas piden un café colombiano. A nadie se le puede ocurrir que precisamente el café, símbolo nacional indiscutible de Colombia en el mundo, en realidad fue una especie exótica para nuestro país. Igual sucede con el ganado bovino, los pollos, la palma de aceite, los cítricos, los pastos y muchos más. Algo similar ocurre con la trucha —introducida al país por el Gobierno en 1939— y la tilapia —desde 1959—, especies que son cultivadas hoy por más de 20.000 unidades productivas a lo largo del país.

Por eso sorprenden las reacciones al decreto 1780 de 2015, expedido por los ministerios de Ambiente, Agricultura y Comercio, que brinda facultades, con un proceso definido, a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) para declarar como especies domesticadas algunos peces que hayan sido introducidos al territorio nacional, como es el caso de la trucha y la tilapia.

Hoy en día es fácil para cualquier persona comprar ganado bovino y explotarlo comercialmente, pero no sucede así con las especies del sector piscícola, especialmente con la tilapia y la trucha, las cuales tienen numerosas trabas y muchos permisos para su producción, que afectan a las empresas del sector y favorecen la actividad de los informales. Departamentos como Huila, Tolima, Meta, Antioquia, Boyacá, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, entre otros, se destacan por su actividad acuícola y allí ésta se constituye en fuente de empleo y generadora de riqueza y bienestar, lo que la hace fundamental para el desarrollo de las regiones.

Algunos contradictores de este decreto sostienen que la trucha y la tilapia, que pueden ser objeto de declaratoria como especies domesticadas, son peligrosas para la biodiversidad y que esta norma va en contravía de las recomendaciones de los expertos, pero el sentido común y los estudios muestran que estas dos especies, presentes hace más de 60 años en el país, ya causaron los impactos que tenían que causar.

Es conveniente aclarar que la trucha y la tilapia no provienen de la pesca de captura –aquella que se lleva a cabo en mares, lagos y ríos–, sino que son cultivadas mediante crecimiento sostenido, controlado y en espacios confinados. De hecho, la pesca de captura aquí y en todo el mundo se ha venido reduciendo significativamente por agotamiento.

La actividad piscícola, que nace de la necesidad de solucionar problemas de seguridad alimentaria, ha venido evolucionando para convertirse en un sector empresarial próspero y moderno, que se preocupa por cumplir con estándares de calidad, inocuidad, sostenibilidad, y que necesita unas reglas claras para formalizarse a lo largo de su cadena productiva.

Más de 100.000 personas, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) a 2013, trabajan en piscicultura, sector que ha crecido en producción en la última década a una tasa promedio anual del 10,7 % (98.000 toneladas en 2014); ha aumentado sus exportaciones en el período 2002-2014 a un promedio anual de 33,9% (US$48,2 millones en 2014).

El pescado es uno de los productos más comercializados en todo el mundo: en los últimos cinco años se ha duplicado el comercio mundial, que hoy asciende a US$140 mil millones. La FAO considera que la pesca y la acuicultura son una fuente no sólo de salud, sino también de riqueza. Y Colombia, por su parte, necesita mejores opciones de nutrición. El consumo per cápita de pescado en el país es 6,5 kilos/habitante/año, mientras que la media mundial es de 19,8 kilos.

Debemos poner orden y sensatez a viejas situaciones de hecho ya consolidadas en el país que no representen un riesgo para nuestra biodiversidad. Ciertamente los cultivos formales de trucha y tilapia cumplen con este requisito. En cada caso será necesario hacer los estudios necesarios que permitan evaluar los riesgos de introducir nuevos tipos de peces para su cultivo, tal como está previsto en el decreto.

¿No es mejor un marco normativo para organizar esta actividad a lo largo de su cadena productiva y así permitir que no continúe en la informalidad? Esta es una actividad de la que dependen decenas de miles de personas en las zonas donde su producción y generación de empleo generan impactos socioeconómicos importantes. La conclusión es sencilla: en este tema, “no hay que pescar en río revuelto”.

 

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