Por: David Yanovich

No hay que meterse con la ley

Este año se cumplen 25 años de la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales introdujeron una nueva forma de prestación de los servicios públicos domiciliarios en el país (la primera, en general; la segunda, específicamente para el servicio de energía eléctrica). Estas dos leyes han sido determinantes para la generación de bienestar, riqueza y mejoramiento amplio y generalizado de la vida de millones de colombianos.

El cambio fundamental fue que se pasó de un esquema en donde los servicios públicos eran suministrados por el Estado a un esquema en donde los prestan compañías privadas. El Gobierno regula y vigila. Por un lado, se crearon las comisiones de regulación de los diferentes servicios. Estas comisiones han procurado regular de manera técnica, sin intervención política (en la mayoría de los casos) y con los incentivos necesarios para mantener la suficiencia financiera, la continuidad y la calidad de los servicios. Y por el otro lado, se creó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dedicada a vigilar la prestación a lo largo y ancho del país.

Las cifras de lo que ha sucedido hasta hoy son realmente contundentes. Según datos de Andesco, gremio de los servicios públicos, en cobertura de acueducto se pasó de 71 % a 87 %. En número de habitantes se pasó de 23,5 millones a 41,7 millones atendidos. En cobertura de alcantarillado, del 63 % al 77 % y en población atendida, de 20,8 millones a casi 37 millones. En recolección de residuos sólidos, del 60 % al 82 %, con un salto de 19,9 millones a casi 40 millones. En gas natural, se pasó prácticamente de nada a 67%, con más de 32 millones de personas beneficiadas.

En energía eléctrica el tema es impresionante. No solamente se pasó del 75 % al 97 % de cobertura y la población atendida pasó de 24,8 millones a 46,5 millones, sino que se solucionó, con la sola expedición de esas leyes, un problema fiscal de la madona. Hace 25 años, la deuda pública del sector eléctrico representaba alrededor del 30 % de la deuda total del Gobierno Nacional. Esto ha permitido, entre otras, invertir en salud y educación, y otorgar subsidios a la población vulnerable del país. Y los apagones generalizados son cosa del pasado, a pesar de existir aún ciertas regiones que carecen de un servicio confiable, como la costa Atlántica.

A pesar de lo importantes que han sido estos actos legislativos y de que los políticos de turno no los han manoseado, no deja de haber algunos, sin embargo, que quieren hacer política y populismo con los servicios públicos. Ya se ven las consecuencias de la intervención de Electricaribe para el Estado, promovida por algunos senadores.

O el intento de otros, en particular del senador José David Name, de intervenir el cargo por confiabilidad, un instrumento de política pública que ha sido crucial para la expansión y confiabilidad del sector eléctrico. De hacerse lo que proponen, en el mejor de los casos, la tarifa de energía sería mucho más alta de lo que es hoy. En el peor, difícilmente se construiría una nueva planta de generación en Colombia. O, en el extremo, volvería a quedar el sector en manos del Estado por la falta de inversión privada.

Los retos que enfrentan los servicios públicos y las transformaciones que se requieren se pueden trabajar todas desde lo regulatorio (incluyendo, si se quiere, la del cargo por confiabilidad). No necesitan cambio de ley. Y buena parte del poder de las leyes 142 y 143 radica en que no las han tocado. Ojalá las dejen quieticas por 25 años más.

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2019-11-07T00:00:29-05:00

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