Por: Cristina de la Torre

No, no son capaces

No vengan los empresarios con lamentos.

La pataleta que protagonizaron por un ajuste franciscano en impuestos desnuda el alcance de su “Soy Capaz”: autobombo con una campaña publicitaria que convoca reconciliación, pero nada que comprometa su más grosero interés inmediato. Su aporte a la construcción de la paz se contrae a la promesa de enganchar en su firma a algún desmovilizado. Por presumir de dar el empleo que nunca crearon en respuesta a los favores tributarios recibidos una y otra vez. Ni bien se anunciaron medidas para llenar el hueco de $12,5 billones abierto por los regalos concedidos a los ricos en la reforma tributaria de 2012, protestó Luis Carlos Sarmiento, potentado de US$16.000 millones que ocupa el puesto 56 entre los más acaudalados del orbe. Se le oyó reclamar airado el día mismo en que se hacía, de un pastorejo, con $2,5 billones en la bolsa de Nueva York. Como si no le bastara con el poder de su hombre tras el trono, el superministro Néstor Humberto Martínez. También le pareció inconveniente la reforma a María Mercedes Cuéllar, cabeza de una banca glotona que colma sus arcas exprimiendo a los colombianos y expropiando a usuarios de las voraces UPAC. Poco dijo José Félix Lafaurie, portavoz de los señores de la tierra, porque ellos no pagan impuestos. En su lugar, menea la idea de donar, por caridad, una vaquita al campesino sumido en la miseria por sus compadres de la guerra.

En su proverbial tacañería, acaso esperen los empresarios ahorrarse su contribución a la paz. Pero, eso sí, beneficiarse de las oportunidades que el cese del conflicto traerá. Demuestra Ana María Ibáñez que, en paz, se ganaría el crecimiento una década. Crecerá la economía en 8,5 años lo que hoy en 18,5. Tal vez entonces decidieran nuestros empresarios proponer estrategias de industrialización y desarrollo rural, volver a montar fábricas, abandonar el poco patriótico oficio de importadores y especuladores financieros.

Mientras en países desarrollados el recaudo de impuestos representa 34% del PIB, no llega éste en Colombia al 13%. Salomón Kalmanovitz calcula en $510 billones los activos de las principales empresas colombianas. Activos cuyas rentas están exentas de impuestos. Tampoco tributan los ingresos por inversiones financieras, ni la minería ilegal, ni la tierra y el ganado. Más de la mitad de las empresas evaden impuestos. La reforma tributaria de 2012, y ésta, porfían en favorecer al capital y golpear al trabajo. Se le redujo a aquél el pago de parafiscales y no se compensó el faltante con otros impuestos. En cambio se elevó el IVA y ANIF aboga hoy por subirlo aún más. Las gabelas a los más pudientes llegaron el año pasado a $30,8 billones, 2,8 de ellos por impuesto de renta perdonado a multinacionales de minas y petróleos. A los capitales golondrinas, especulativos, de dudosa procedencia, arropados todavía con el manto de la “confianza inversionista”, se les bajó el impuesto de renta del 33% al 14%. En año y medio se quintuplicó su flujo al país.

Si de llenar huecos se trata, al flamante ministro de Hacienda le basta con obedecer órdenes de los adinerados. Son su gente. Pero financiar las reformas que la paz demanda será otra cosa. Una verdadera reforma fiscal se impone. Cobrar impuestos a terratenientes y ganaderos; sobre dividendos y rentas del capital; sobre patrimonio de personas naturales; suprimir exenciones a los ricos. Ponerle coto a la corrupción. Y, finalizado el conflicto, moderar el presupuesto de guerra. Decídase alguna vez el Gobierno a imponer el impuesto progresivo. No más aquello de que las clases trabajadoras han de meterse la mano al dril, mientras los ricos no acercan siquiera la suya al everfit.

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