Por: María Elvira Samper

No podemos seguir acumulando víctimas

Es cierto que la paz no es de Juan Manuel Santos. Nos compromete a todos aunque muchos no la entiendan. Es cierto que debería ser política de Estado y no bandera política, y cierto es también que Santos no es el único que podría acordar con las Farc los términos para poner fin al conflicto armado. Pero lo concreto es que Santos se jugó la carta de abrir un nuevo proceso de paz con las Farc, el cuarto desde 1982.

Se la jugó al amparo del artículo 22 de la Constitución (“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”), luego de analizar las condiciones objetivas (repliegue de las Farc, fracaso de la lucha armada como estrategia para llegar al poder, contexto regional favorable y evidencia de que en la última década 25 conflictos en el mundo fueron resueltos mediante una negociación política) y la experiencia acumulada de los anteriores diálogos. De ahí la agenda acotada, con condiciones —no la revolución por contrato—, y la participación de dos respetados generales en el equipo de negociadores, entre otros factores diferenciadores de los intentos pasados. Si se llega a un acuerdo, los colombianos dirán la última palabra y el Congreso lo implementará. Tendrá control político y social.

Nunca antes se había avanzado tanto en una negociación con las Farc, nunca un gobierno había estado más cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto armado. Nunca hubo tanto apoyo internacional, incluido el de Washington. Firmar el acuerdo significaría un gran avance político y la posibilidad de crecer más y de destinar más recursos al desarrollo social. Aun así, el proceso ha sido el principal blanco de ataques del expresidente Uribe y sus fieles, que afectados convenientemente por trastornos de memoria olvidan los varios intentos frustrados del gobierno de la seguridad democrática de negociar con las Farc y el fracaso de las rondas con el Eln en Cuba, que entonces sí les parecía el lugar adecuado para dialogar.

En lo que Uribe falló se volvió imperativo impedir que Santos pudiera tener éxito. A eso se han dedicado los uribistas con saña y sin tregua, y con un discurso que el candidato Zuluaga repite como letanía, el del pacto de impunidad que se cocina en La Habana y la entrega del país a las Farc y al castro-chavismo. Un discurso falaz, pero efectista que ha calado, porque de repetir y repetir mentiras, éstas se vuelven verosímiles, y porque es más fácil y popular atizar el miedo.

El proceso con las Farc nos tiene divididos a los votantes. Los más duros, los más conservadores, están con Zuluaga, y muchos representan sectores poderosos —legales e ilegales, armados y desarmados— que se oponen a las necesarias reformas del agro, algunas de las cuales forman parte del acuerdo sobre desarrollo rural logrado en La Habana. El conflicto es funcional a sus intereses y mantener el statu quo los beneficia. Por eso el rechazo a la negociación y el apoyo al candidato de Uribe, quien —no sobra recordar— fue clave en el hundimiento en 2009 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La consideró inviable por razones económicas.

Por su parte, las mayorías abstencionistas, un alto porcentaje de las cuales viven en las ciudades —lejos de las regiones donde el conflicto es pan de cada día y los civiles pagan el precio más alto—, se muestran indiferentes al proceso de paz. Sus preocupaciones son otras y Santos no ha sabido “vender” las ventajas que traería el fin de la guerra, y los voceros de la guerrilla poco ayudan, parecen los jefes de debate del uribismo. Sin embargo, creo que el proceso avanza, no sin dificultades, y que es necesario aunar esfuerzos y presionar para que las partes lleguen a un acuerdo final. Es necesario superar la lógica perversa. No podemos permitir que se prolongue un conflicto. No podemos seguir contando muertos, acumulando víctimas…

 

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