Por: Juan Carlos Gómez

No se necesita ley de neutralidad de red

Hace pocos días se presentó un proyecto de ley que establece la neutralidad de red, entendida ésta como la prohibición a los proveedores de internet de bloquear, interferir, discriminar o restringir el derecho de los usuarios para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de esa red.

En palabras de los autores del proyecto —los congresistas Simón Gaviria y Honorio Galvis—, el objetivo de esta propuesta es que “haya un libre tratamiento del tráfico que circula por internet”. El tema del proyecto da vitrina está de moda, es llamativo y difícilmente alguien podría oponerse a los postulados de libertad de acceso que pregona, sin embargo, no es conveniente ni necesario que exista una ley específica sobre la neutralidad de red.

A pesar de lo que digan muchos populistas de la neutralidad de red, en muchos eventos es indispensable discriminar el tráfico en internet. Existe evidencia técnica de que buscadores como Firefox y proveedores como BitTorrent utilizan software que genera una desproporcionada ocupación de la red y que sus usuarios pueden afectar el derecho de otras personas a acceder a internet.

Indudablemente en ciertos casos se les debe dar prioridad a las comunicaciones de voz o al e-mail que a “bajar” videos o juegos en internet. Es necesario que los proveedores de internet puedan manejar esa prioridad en beneficio de un mayor número de personas y que incluso puedan bloquear paquetes para garantizar la seguridad de la red.

En cuanto a las implicaciones técnicas de legislar sobre la neutralidad de red, los autores del proyecto de ley deberían leer el artículo que sobre el tema publicó en marzo pasado la revista de la Escuela de Derecho de la Universidad de Indiana.

En materia de acceso a internet existen problemáticas realmente graves, de las que hace rato ha debido ocuparse la autoridad de la competencia y de protección de los consumidores, como son las altas tarifas de internet, con las que se subsidia indebidamente el servicio de televisión por suscripción, y la deplorable velocidad real de las redes, que muchas veces no llega ni a la mitad de lo que anuncian los operadores.

 

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