Por: Andreas Forer

“No somos los únicos”

Colombia no es el único país que intenta superar su historia de violencia; en el mundo, existen varias naciones, que en la búsqueda por superar ese pasado han encontrado mecanismos para juzgar a los perpetradores de la barbarie del conflicto.

Esta comparación no se hace con el objetivo de trivializar el daño generado por las décadas del conflicto colombiano, sino con el ánimo de aprender de otras experiencias en las que la paz ha sido alcanzada.

Tal es el caso de Camboya una nación del Sudeste Asiático, de la que poco se habla en Colombia; y en la que entre 1975 y 1979 murieron alrededor de dos millones de personas por cuenta del régimen de Pol Pot, cuyo objetivo fue el de limpiar al país de traidores y opositores a su proyecto socialista que buscaba el establecimiento de un estado completamente rural. El 7 de enero de 1979 con la incursión de las tropas Vietnamitas a Camboya el régimen del Pol Pot llega a su fin.

Luego de largas negociaciones entre las Naciones Unidas y El gobierno de Camboya, firmaron un acuerdo en el que se establece la creación de la Sala Extraordinaria de la Corte de Camboya, compuesta por jueces nacionales e internacionales y cuyo objetivo fue el de judicializar  a los responsables de más altos mando, por los crímenes más graves contra la humanidad cometidos entre 1975 y 1979.

En su primera sentencia la Sala, condenó a 35 años de cárcel a Kaing Guek  Eav, “Duch”, quien en el régimen de Pol Pot dirigió la prisión de Toul Seng (S-21); en la que más de 12.000 personas fueron interrogadas, torturadas y ejecutadas. Duch daba instrucciones sobre los procedimientos a seguir con los detenidos: ejecución, interrogatorio o experimento médico.  El mero hecho de ser capturado y llevado al S-21 implicaba la condena a muerte, dada la falta de poder judicial, la arbitrariedad y los malos tratos a los que eran sometidos.

Esta sentencia es resultado del mandato claro establecido en el acuerdo, que determinó enfocar la investigación en aspectos claves como el juzgamiento a altos mandos;  la competencia en el tiempo (delitos cometidos entre 1975 y 1979); y crímenes (genocidio según la convención internacional contra el genocidio de 1948,  y lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional).

Adicionalmente esta sentencia resulta ser ejemplar en tanto que juzga los hechos ocurridos en la prisión S-21, por representar de manera clara el alcance y  modo de actuar del régimen de Pol Pot, recurriendo al análisis de los patrones criminales y la reconstrucción histórica como vehículo para el esclarecimiento de lo sucedido y sin recurrir a un minucioso proceso de corroboración.

El gran acierto de esta sentencia es sin duda el establecer el contexto macro del conflicto, razón por la cual es posible decir que será de gran utilidad para los siguientes fallos en el proceso.

En resumen y aterrizando en Colombia y específicamente en la ley  de Justicia y Paz, sería bueno preguntarse, si sería posible limitar su alcance, a la investigación y juzgamiento de los crímenes más graves, cometidos por los perpetradores con mayor responsabilidad, a fin de obtener una sentencia ejemplar que marque la pauta para el futuro del proceso.

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