Por: Elisabeth Ungar Bleier

No son las investigaciones de la Corte las que desprestigian el Congreso

LA SEMANA PASADA EL PAÍS PRESENció conmovido el emotivo discurso que la senadora Nancy Patricia Gutiérrez pronunció en el Congreso de la República por lo que ella llamó atropellos de la Corte Suprema de Justicia contra la dignidad y legitimidad de la institución y de los congresistas.

A las pocas horas, se conoció que en el allanamiento a la casa del senador Alirio Villamizar, vicepresidente del Partido Conservador, las autoridades encontraron más de mil millones de pesos en efectivo y una suma considerable en dólares, sobre cuyo origen han circulado diversas explicaciones: que se trata de contribuciones para su próxima campaña electoral o que son aportes de quienes se han beneficiado de puestos gestionados por el parlamentario, incluyendo una notaría.

En ambos casos son actuaciones que deben ser investigadas por las autoridades competentes: el Consejo Nacional Electoral debe indagar sobre el origen de los fondos y la Corte Suprema de Justicia debe constatar si el dinero fue una retribución por favores recibidos. Lo único claro es que el congresista Villamizar no guardaba esa plata debajo del colchón en protesta por las altas comisiones que cobran los bancos.

De cualquier manera, llama la atención que este oscuro episodio no hubiera suscitado igual indignación ni manifestaciones públicas de repudio por parte de sus compañeros y copartidarios, ni entre los directivos de su partido.

Episodios como éstos demuestran que, contrario a lo que algunos miembros del gobierno y del propio Congreso y unos cuantos columnistas quieren hacerle creer a la opinión pública, no son las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia las que afectan la legitimidad del Congreso, sino las actuaciones de algunos de sus miembros y el silencio de otros. Son los congresistas que en el pasado se aliaron con actores ilegales para obtener beneficios electorales y que según el saliente Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, fueron quienes buscaron a los parapolíticos. Son los ministros y funcionarios del gobierno que presuntamente asignaron recursos para construir palacios municipales, que ofrecieron notarías y que gestionaron recursos para comprometer los votos de congresistas indecisos frente al referendo. Son los directivos de algunos partidos políticos como el Partido de la U y el Conservador, que están buscando afanosamente a los pocos parlamentarios que quedan en los movimientos que se han visto más afectados por las investigaciones de la parapolítica, como Colombia Viva, Colombia Democrática y Alas, para que les aporten sus votos.

No obstante, nada de esto puede justificar que se cuestione el papel fundamental del Congreso de la República y de los instrumentos propios de la democracia representativa en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución de 1991. En las elecciones parlamentarias de 2010, con su voto, los ciudadanos deben rechazar y denunciar los actos de corrupción y politiquería que tanto daño le han hecho al Congreso en los últimos años y a quienes los han promovido y cohonestado. Y no dejarse tentar por discursos que claman por su cierre o que contribuyen a su debilitamiento.

 

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