Por: Cecilia Orozco Tascón

No todo lo lícito es honesto

LA RECORDADA SENTENCIA DEL DErecho romano —Non omne quod licet honestum est— significa que no siempre lo permitido jurídicamente, es justo o moral. Y tiene relación con esa delgada diferencia entre lo que un ciudadano puede hacer (la conducta de acuerdo con la ley) y lo que debe hacer (más allá de la ley, un comportamiento personal conforme a la ética social).

En Colombia, el ámbito del deber fue sustituido por el del poder. A éste se le da un valor supremo mientras que al primero se le mira con desprecio: el que hace todo lo que puede —ante todo, plata— es un berraco; el que actúa sólo por lo que debe, es un incompetente. Por una investigación del periodista Daniel Coronell, y por las declaraciones de Tomás y Jerónimo Uribe nos enteramos de que:

– En diciembre de 2006 y a través de una fiducia, una sociedad de los hijos del Ejecutivo y de amigos de la familia presidencial, compra dos terrenos rurales de Mosquera (de “expansión industrial”), por $8.600 millones de pesos.

– En agosto de 2007, el alcalde-gamonal-constructor de la población, Álvaro Rozo, dicta un decreto para adoptar un plan sobre el uso industrial del lugar.

– En octubre de 2007, el secretario de Planeación de Rozo autoriza la subdivisión de uno de los terrenos, en lotes.

– En diciembre de 2007, se vislumbra una zona franca en el sitio después de la propuesta que les formulara la esposa de uno de los amigos de la familia presidencial a los hermanos Uribe (“hagamos un desarrollo conjunto. Nosotros nos encargamos de la parte franca y ustedes aportan el lote para venderlo”: Tomás Uribe, W Radio).

– En marzo de 2008, la sociedad de los Uribe le vende un lote a la familia del entonces ex alcalde Rozo.

– En junio de 2008 se inscribe la sociedad Zona Franca de Occidente S.A.

– En julio de 2008 se reúne la Comisión Intersectorial de Zonas Francas (dos ministros, dos directores de departamento y una consejera presidencial) y da concepto favorable para autorizar la Zona Franca de Occidente.

– En diciembre de 2008, la DIAN dicta resolución de aprobación de la zona y los derechos fiduciarios de los hermanos pasan, en libros, de $33 millones a $3 mil millones.

Los Uribe contestaron a los presuntos favores oficiales, tráfico de influencias y utilización indebida de información privilegiada que, entre otros interrogantes, enrarecieron el ambiente con la denuncia de Coronell. Aseguraron que la totalidad del proceso se ajustó a la ley y que ellos nunca hicieron trámites ante el Gobierno nacional. Sorprenden, por insólitas, algunas de sus otras afirmaciones. Frente al cuestionamiento por venderle un lote a la familia del ex alcalde, el mismo que valorizó los terrenos: “No (le vendimos) al alcalde, ni a la familia sino a una empresa constructora”, de la que eran socios tres hijos y dos hermanos de Rozo. Frente a la valorización del lote que le vendieron a la familia de Rozo: “Hombre, eso es problema de él”. Frente a la asociación con Zona Franca de Occidente: “¿Y cuál es el problema?”. Frente a los negocios que han creado durante los gobiernos de su padre, el Presidente de la República: “No nos acostamos por la noche arrepintiéndonos de haber hecho empresa”. Nos queda claro que los Uribe ya tomaron un exitoso camino que está llenando de riqueza sus manos: el de lo lícito. Nada más.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Cecilia Orozco Tascón

La torpe defensa del exministro Arias

¿Otra vez la reelección presidencial?

El poder en la sombra