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hace 11 horas
Por: Elisabeth Ungar Bleier

Normas electorales en el limbo

TENER REGLAS DE JUEGO CLARAS, conocidas, aceptadas y respetadas por todos los actores, contar con mecanismos de verificación sobre su cumplimiento, y sanciones efectivas en caso de que éstas se transgredan, son requisitos fundamentales para generar condiciones de confianza y rodear de legitimidad las actuaciones de los particulares, de los funcionarios públicos y las relaciones entre ellos.

Lo anterior es particularmente cierto en los procesos electorales. Entre menor sea el margen de incertidumbre sobre las normas que regulan las elecciones, mayor será la seguridad de los ciudadanos, de los candidatos y de los partidos políticos de que el Estado está en capacidad de garantizar el derecho a elegir y ser elegido consagrado en la Constitución, y menores los riesgos de corrupción política y electoral. Desafortunadamente, esto no está sucediendo en Colombia.

Como resultado de los procedimientos requeridos para la aprobación de la reforma política de 2010, que por su condición de ley estatutaria debe ser sometida a estudio de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional, a escasos seis meses de las elecciones de octubre, aún no hay certeza sobre muchas de las reglas de juego que regirán para dicho proceso. Uno de los mayores escollos afecta directamente a los votantes, debido a la poca claridad sobre quiénes van a poder sufragar. La reforma establece que sólo podrán hacerlo quienes hayan votado en las últimas elecciones, pero no especifica si se refiere a las elecciones presidenciales, ni siquiera si es a la primera o a la segunda vuelta, o a las parlamentarias. Adicionalmente, hay posiciones encontradas sobre la constitucionalidad de esta disposición, por cuanto algunos consideran que ésta limita el derecho a votar o a abstenerse. Algo similar ocurre con la realización de las consultas internas e interpartidistas, con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para exalcaldes y exgobernadores que aspiren a presentarse, con las coaliciones, e incluso con los anticipos de gastos de campaña. Es decir, con temas que pueden resultar definitivos, no sólo para la configuración del mapa político del país en los próximos cuatro años, sino para la legitimidad de las elecciones.

Es fundamental que el Gobierno y las autoridades electorales, así como los partidos políticos y los candidatos, se preparen de la mejor manera posible para enfrentar las consecuencias de la inseguridad jurídica descrita, tomando las medidas preventivas necesarias para mitigar sus posibles efectos. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, reservando los recursos requeridos, o la Registraduría, teniendo listos todos los asuntos logísticos requeridos para atender a los ciudadanos en caso de que se amplíe el plazo para la inscripción de cédulas.

Este limbo normativo debe servir de ejemplo para que en el futuro no se cambien las reglas de juego sobre elecciones si no hay suficiente tiempo para difundirlas adecuadamente y para adoptar las decisiones requeridas para garantizar su efectivo y cabal cumplimiento. Esto es altamente inconveniente para el proceso electoral y para la credibilidad y legitimidad que deben rodearlo. 

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