Nos quedamos en casa

Columnista invitado EE
05 de abril de 2020 - 02:00 a. m.

Por: Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La emergencia económica y sanitaria por cuenta del COVID-19 ha demandado celeridad y respuestas excepcionales por parte del Gobierno Nacional. Un desafío de esta magnitud, y que se encuentra día a día en constante evolución, exige acciones de política audaces, oportunas y coordinadas, premisa bajo la cual ha actuado el presidente Iván Duque desde el primer momento. Como resulta apenas natural, las medidas en materia de salud son prioritarias y se han desplegado en el momento oportuno. Sin embargo, también se requieren acciones para ayudar a las familias más vulnerables que se han visto afectadas por el aislamiento preventivo obligatorio.

En esa línea, desde las carteras de Vivienda y Agua hemos diseñado varios alivios. El 18 de marzo anunciamos la reconexión gratuita al servicio de acueducto para aquellas familias que lo tenían suspendido por falta de pago. En menos de dos semanas reconectamos más de 212.000 hogares en todo el territorio nacional, con lo cual superamos, en tiempo récord, la meta de 200.000 reconexiones que nos habíamos fijado. Asimismo, congelamos las tarifas de acueducto y permitimos que los hogares de estratos 1 y 2 pudieran diferir el pago del servicio de este mes en los próximos 36 meses, sin penalidades ni intereses. Esto, sin lugar a dudas, representa un alivio para aquellas familias que, como consecuencia de la coyuntura, enfrentan dificultades en su capacidad de generación de ingresos.

También diseñamos facilidades de pago para los hogares con créditos hipotecarios, que ahora pueden acceder a mecanismos de refinanciación, en términos de plazos o cuotas, sin ver afectada su calificación de riesgo e historial crediticio. Además, los hogares con créditos hipotecarios con el Fondo Nacional del Ahorro podrán acceder a períodos de gracia de hasta seis meses, sin que esto implique modificaciones en las condiciones del crédito o reportes en las centrales de riesgo. A la fecha, son más de 4.000 hogares los que se han beneficiado con esta medida.

Ahora bien, muchos se preguntaban qué íbamos a hacer para los 5,6 millones de hogares colombianos que viven en arriendo, de los cuales el 90 % son de estratos 1, 2 y 3. Algunas voces, guiadas sobre todo por la intuición, sugerían la suspensión de los pagos de arriendo. Sin embargo, esta medida desconoce la doble vulnerabilidad de los arriendos en Colombia. No solo los que viven en arriendo son vulnerables, también lo son los que viven de ese arriendo. En efecto, 85 % de los hogares propietarios de los inmuebles también son estratos 1, 2 y 3, muchos de los cuales dependen exclusivamente de ese ingreso. Medidas como la suspensión, aunque suenen populares, podrían ser contraproducentes, beneficiando a unos hogares a costa de otros.

Las medidas que anunció el presidente Iván Duque en materia de arrendamiento se diseñaron bajo dos premisas: la primera es que las familias se queden en sus casas, pues el aislamiento es la herramienta más poderosa para reducir el contagio; y la segunda es que, en el marco de la solidaridad responsable, es necesario ayudar a las familias más vulnerables que vieron afectado su ingreso como consecuencia del aislamiento.

Para empezar, prohibimos los desalojos de las familias durante la emergencia y dos meses después de terminada la misma, independientemente si se trata de un contrato de arrendamiento formal o informal. Además, congelamos el precio del canon de arrendamiento durante el mismo período y decretamos la suspensión de los intereses de mora y las penalidades. Por último, garantizamos la prórroga automática de los contratos, mientras dure la emergencia, salvo acuerdo entre las partes. Es importante aclarar que estas iniciativas en ningún momento implican suspensión, congelamiento, condonación ni mucho menos la eliminación de los cánones.

Pero tales iniciativas no solo benefician a las familias que viven en arriendo, también protegen a los dueños de los inmuebles, quienes cuentan con todos los mecanismos legales y jurídicos para hacer efectivos sus derechos y garantizar la recuperación de la totalidad de los cánones durante el tiempo de posesión del inmueble. Para ambas partes, la decisión óptima es llegar a un acuerdo, dadas las dificultades que enfrentan los propietarios para firmar nuevos contratos en un momento en el que el mercado está desacelerado, así como las dificultades de las familias para realizar cambios de residencia.

Hacemos un llamado a llegar a acuerdos privados entre ambas partes, en un marco de solidaridad responsable. Solo así, juntos, podremos hacerle frente a esta coyuntura. El fin último del gobierno del presidente Iván Duque es proteger a los colombianos y minimizar los impactos de esta pandemia. Por eso, día a día monitoreamos y evaluamos la situación para seguir respondiendo oportuna e inteligentemente a este reto. Juntos saldremos fortalecidos de este episodio, pero para eso todos debemos quedarnos en casa.

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