Por: Yesid Reyes Alvarado

¡Noventa años de prisión!

NOVENTA AÑOS DE CÁRCEL ES LA pena máxima que la Ley de Seguridad Ciudadana ha previsto para quien cometa el delito de tráfico de menores de edad en una de sus modalidades agravadas.

Esta norma contradice lo previsto en el artículo 37 del Código Penal colombiano que desde 2004 fijaba en 50 años el límite máximo de la privación de libertad, y cuyo contenido no fue modificado de manera expresa por la nueva legislación.

Pero además viola la Constitución Política al imponer una sanción de por vida, pues como sólo puede ser penalmente responsable la persona mayor de 18 años, quien a esa edad sea condenado por este delito saldrá de prisión a los 108 años. Aun cuando alguien pretenda sostener que el señalamiento de un término máximo de reclusión (así sea superior al de la vida razonable de una persona) impide que se hable en este caso de prisión vitalicia, lo cierto es que en la práctica sí lo es. Esta conclusión no tiene nada de sorprendente en un país donde el Ejecutivo apoya abiertamente una iniciativa legislativa para imponer la cadena perpetua respecto de algunas conductas delictivas; por el contrario, indica con claridad que el gobierno está convencido de la efectividad de uno de los mecanismos más antiguos, simples e ineficaces de política criminal: el de prolongar el tiempo de encarcelamiento.

Si el anuncio de castigos más altos disuadiera a los potenciales infractores, la criminalidad debería haber disminuido de manera ostensible en Colombia durante los últimos 40 años, en los que la duración de las penas restrictivas de la libertad se ha sextuplicado; como las cifras indican todo lo contrario, alguien podría pensar que se recapacitaría sobre esta forma de combatir a los maleantes; pero no, el Gobierno piensa que el error está en no haber elevado lo suficiente las sanciones y por eso las ha llevado al límite de 90 años por un tiempo, mientras logra la aprobación de la cadena perpetua. Por cierto, si así se acaban los delitos, no veo por qué limitarla solamente a unos de ellos, los cometidos contra menores de edad; deberían aprovechar para establecerla como castigo único y así terminar con la delincuencia.

La única ventaja de ese razonamiento es que, llegados a ese límite, nuestros legisladores deberán comenzar a ser creativos porque no habrá forma de seguir incrementando las penas; pero ese será trabajo de otros gobiernos. El actual tiene todavía la obligación de explicar cómo encajan reclusiones de 90 años y de cadena perpetua con su promocionada finalidad de resocialización. Porque lo cierto es que cuando se habla del régimen penitenciario se invoca el discurso de la rehabilitación del reo para evitar la censura de utilizar el sistema penal como instrumento de represión, pero de manera paralela se impulsan o apoyan leyes que, como la comentada, dejan en claro que no hay ningún interés en rehabilitar al infractor. Nada de esto va a cambiar mientras los parlamentarios no entiendan que su función tiene un importante componente crítico, que les impone el deber de hacer compatibles los deseos de la sociedad con las normas constitucionales y, en general, con los principios orientadores de la actividad estatal.

 

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Yesid Reyes Alvarado

La tutela: ¿síntoma o problema?

El decomiso de la dosis mínima

Sobre una columna confusa

¿Una JEP voluntaria para todos?