Nuestra paz inconclusa

La gestión de la pandemia y, ahora, una evidente controversia de poderes son los hechos más relevantes en los dos años del presidente Duque. El primero nadie lo tenía pronosticado y ha tenido una respuesta acertada por parte de un gobierno que ha basado sus decisiones en los datos, la inteligencia, la ciencia y no en la politiquería. El segundo, si se considera como un episodio de una muy aplazada reforma a la justicia, hizo parte de la pasada campaña presidencial y, salvo por el fracasado proyecto de reforma de la ministra Borrero, apenas se encontraba en la agenda gubernamental. Luego de la decisión de la Corte, el gran tema no es la reforma, tanto como la fragilidad de la paz alcanzada en el gobierno anterior.

La decisión de la Corte concede la razón a quienes han considerado el proceso de paz como inconcluso, basados en que todos los actores no han recibido el mismo trato y no tenemos un consenso nacional frente a ella ni lo tendremos en las próximas presidenciales, en las que será, de nuevo, eje del debate.

Estamos ante una decisión con profundas implicaciones políticas que resultan imposibles de analizar desde un punto de vista exclusivamente jurídico. No se trata de una discusión exegética acerca de las razones de la Corte al ordenar la detención del expresidente Uribe, un asunto que juzgará la Corte en segunda instancia. Pero es imposible ignorar que es la misma Corte que permitió a Santrich volarse en libertad. Para el uribismo, una cosa es una probable expectativa de obstruir la justicia y otra el derecho del expresidente a defenderse en libertad.

El fallo es legal, legítimo y sobra decir que debe ser respetado y acatado, pero también es, por sus efectos prácticos, provocador. Intenta saldar una disputa judicial con un trasfondo político que en Colombia nadie desconoce e invita a pensar que a los acuerdos les hizo falta una ley de punto final para que pudiéramos comenzar a hablar, y a beneficiarnos, de una paz de verdad. Una de sus consecuencias es que al menos la mitad del país lo considera un atropello y se ha reavivado un polvorín. Se ha reanimado la polarización en un momento en que calienta motores el debate presidencial.

Es ingenuo pensar que los sectores políticos y ciudadanos que ganaron las pasadas presidenciales y el plebiscito permanecerán inmutables observando a su líder histórico encarcelado, mientras sus detractores, que cometieron delitos, permanecen en libertad. Desde ese punto de vista el fallo, al margen de sus consideraciones jurídicas, puede considerarse una provocación.

El llamado a una constituyente puede carecer de sentido práctico en el presente, como lo considera el presidente Duque al insistir en una reforma a la justicia más o menos consensuada, pero adquiere todo sentido como propuesta y bandera política de cara a las presidenciales. El relanzamiento de la polarización nos colocará ante un escenario muy parecido al de 2018 y desde ya la senadora Valencia ha tomado la iniciativa. Obviamente tendrá como contraparte al senador Petro y a Fajardo quien, en un escenario de polarización, podría resultar damnificado junto con otros sectores de centro.

Para el gobierno Duque, ya en la mitad de su mandato, el nuevo escenario completa un momento de complejas decisiones. El pulso ya está planteado con las cortes, que han hecho un movimiento trascendental. No le alcanza el tiempo para la constituyente que proponen sus copartidarios y difícilmente para lograr la gobernabilidad que no ha logrado construir en el Congreso y avanzar en su proyectada reforma a la justicia.

Independientemente de sus decisiones, y de las emociones encontradas de quienes consideran la decisión de la Corte como un hecho aislado o a favor o en contra de sus respectivas preferencias políticas, tenemos por ahora dos noticias: la primera dice que no tendremos reforma a la justicia en el inmediato futuro y la segunda que será difícil terminar de construir una paz estable en contravía de los 10 millones de votos que eligieron a Duque o el 50% que votó no a los acuerdos de paz.

@herejesyluis