Por: Rafael Rivas

Nuestro propio futuro

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EUropa, donde país tras país se sumerge en una crisis económica, nos va a pasar a nosotros.

La causa va a ser la misma y los efectos van a ser los mismos. Y, como en el caso europeo, vamos a tener años de preaviso, sin hacer nada al respecto.

La crisis europea es el producto de muchos años de extender privilegios sociales por encima de la capacidad de la sociedad de financiarlos. Los ciudadanos han insistido en otorgarse a sí mismos “derechos” económicos, para tener acceso gratuito a la salud y para pensionarse mucho antes de que la vejez socave la capacidad de ser miembros productivos de la sociedad, con pensiones muy superiores al ahorro que acumularon durante la vida laboral.

Como se trata de países más maduros y estables, la crisis europea se cocinó a fuego lento y se va a resolver a fuego lento. Su crecimiento económico se volverá más bajo durante varias generaciones, hasta que los jóvenes encuentren la manera de reducir el impacto de las obligaciones que sus padres y abuelos les legaron.

En Colombia la crisis va a aparecer más rápido, pues los privilegios todavía sólo cubren a una porción de la población. En la medida en que privilegios insostenibles y a veces insensatos se extiendan al grueso de la gente por decisión judicial, acá también habrá una crisis fiscal, que reducirá la tasa de crecimiento durante generaciones. Solo que nos ocurrirá cuando tengamos un nivel de vida muy inferior al europeo y, por lo tanto, condenará a una parte grande de la población a un estancamiento prematuro en la pobreza.

Quienes alegan que la sociedad no debe parar mientes en su propia capacidad fiscal en el proceso de establecer derechos económicos, sostienen que un derecho es un concepto absoluto, que no puede depender de consideraciones prácticas. Como si el derecho a la vida fuera comparable con el derecho de pensionarse prematuramente, para gozar de más tiempo de ocio con los nietos, a costa de los demás. A veces, esta posición refleja una lamentable incapacidad de matizar entre derechos fundamentales (que en todo caso son construcciones sociales) y conquistas económicas, que son producto de un proceso político complicado, en donde coexisten la aspiración de construir sociedades más igualitarias y la necesidad de adoptar políticas que promuevan el crecimiento. Este proceso no es perfecto. Ni siquiera es muy democrático. Una prueba es que casi la tercera parte de los ingresos tributarios se dedica a subsidiar a los pensionados de clase media y media alta, cuando hay tanta otra gente con mayores necesidades.

En este, como en los demás procesos democráticos, pesa mucho la fuerza política e institucional de los beneficiarios de los privilegios sociales (ellos los llaman derechos adquiridos). No es mera coincidencia que para establecer los abusos pensionales actuales haya resultado fundamental la alianza entre congresistas, jueces y empleados públicos, que son los mayores beneficiarios del régimen pensional. En este caso, no debemos suponer que son incapaces de percatarse de los efectos de sus actos. En realidad, están aprovechando que los mayores perjudicados con sus decisiones de hoy, los contribuyentes de mañana, no están invitados a esta alegre fiesta democrática. ¿O es que están seguros de que, dentro de 20 y 30 años, mientras que pagan las facturas de los derechos económicos que insistimos en otorgarnos sin aclarar quién los iba a pagar, nuestros hijos y nietos van a sentir que tomaron decisiones justas?

 

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