Nueva vida de la carrera Décima

Al lado de un interesante y bien editado libro, que por supuesto hay que celebrar, pareciera que el fin último de la investigación que adelanta el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en la carrera Décima, es la declaratoria de algunas edificaciones como patrimonio cultural de Bogotá.

Al menos, así lo han confirmado los diarios El Tiempo (25 de enero de 2009) y El Espectador (1 de marzo de 2009 y 15 de agosto de 2010). No se pone en duda el beneficio de reconstrucción histórica del devenir de la vía o el reconocimiento y valoración de sus edificaciones. Menos aún, la buena voluntad de la entidad. Sin embargo, el problema no es tanto declarar inmuebles cuanto hacer gestión para ocuparlos y sostenerlos. Muchos de éstos, hoy se encuentran vacíos.

Si hay más de cuatro mil construcciones listadas y no se logra su articulación a las políticas territoriales y habitacionales, ni oponer a la voracidad inmobiliaria instrumentos de gestión urbanística, ¿cuál ganancia representan las nuevas declaratorias? Si el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural excluye estas edificaciones de los listados patrimoniales con más frecuencia de la deseable y a menudo sin argumento válido alguno, ¿cuál es el sentido y utilidad de las nuevas declaratorias? Pareciera, más bien, que es notoria nuestra ineficacia en la gestión urbanística. Mientras en un extremo de la línea unos necesitan con urgencia techo digno, en el otro hay viviendas bien localizadas y de buenas especificaciones arquitectónicas que carecen de ocupantes y se deterioran por su falta de uso.

A lo mejor, es factible emprender un nuevo estudio que determine las posibles alternativas de reutilización de estos inmuebles. El Plan zonal del centro propone el incremento de vivienda en el área. Seguramente habría que iniciar esta tarea por la ocupación de las unidades habitables vacías de la avenida Jiménez y la carrera Décima, ejes significativos en el desarrollo histórico de Bogotá. Conviene que el Instituto de Patrimonio conozca y examine el programa “Viva el centro” de San Pablo, en Brasil. Por varios años, las políticas públicas en el área central de esa ciudad fueron reducidas a la problemática de los inquilinatos. A partir de los años 90, si bien se atiende de manera formal y con metas claras y ambiciosas este problema, se promueve a la par, con logros evidentes, nueva vivienda en el centro.

Los casos citados son apenas una muestra entre variadas opciones que el IDPC tiene a la vuelta de la esquina. La decisión está en sus manos. Aquello que sí resulta inadmisible es que la entidad gestora del patrimonio cultural de Bogotá renuncie a su vocación de intervenir en la ciudad, a rehabilitar o mejorar la ciudad existente, en fin, a hacer ciudad desde el patrimonio cultural. ¿Cuándo iniciará por fin este Instituto la tarea de gestión que, por disposiciones legales, le compete?

 

 María Eugenia Martínez Delgado. Bogotá.

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