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La sociedad colombiana tiene hoy ante sí dos posibilidades: una, precipitarse aún más en el clima de polarización que predomina, poniéndose de espaldas a los acuerdos de paz con las insurgencias políticas; otra, terminar definitivamente la confrontación bélica y entrar por el camino de la reconciliación cumpliendo con esmero los acuerdos ya suscritos o que se suscriban con las insurgencias políticas.
Opositores y partidarios de los acuerdos de paz progresivamente se van posicionando: montan discursos, salen a la calle, realizan foros, utilizan los medios masivos y las redes virtuales para instalar cada uno su punto de vista en la conciencia pública cuando el país se encuentra cada vez más cerca de una ordinaria pero inusual contienda electoral parlamentaria y presidencial. El gran pulso ocurrirá en marzo–mayo–junio de 2018.
Los opositores ladinamente declaran no ser contrarios a los acuerdos sino solo querer reformarlos pero los cambios que pretenden son inadmisibles para una guerrilla que ya quemó las naves y demanda cumplimiento cabal de lo acordado. Entre tanto los partidarios de la paz hacen la defensa de los acuerdos con timidez, soportando el lastre de un gobierno que se desgasta sin remedio día tras día. Escándalos de corrupción ocurridos en el pasado reciente y en el presente asoman por todos lados. Nadie quiere volver a la guerra, pero no todos quieren realmente la paz.
En la percepción general se pierde la centralidad de la paz. El tema de la corrupción se asume por algunos como el que más directamente toca la sensibilidad pública y, por tanto, el que es preciso agitar para obtener apoyo y votos. Otros ponen en el centro la discusión del modelo con sus implicaciones sociales y plantean que no hay tal polarización sino meras desavenencias entre compadres que tienen en el fondo los mismos intereses.
El país está confundido, los estadistas no aparecen, los partidos no existen, el clamor social no es escuchado, los militantes de causas humanitarias, sociales y de paz son diezmados por grupos herederos del paramilitarismo. Los acuerdos de paz ciertamente se van desarrollando a través de leyes pero con decreciente respaldo parlamentario paralelo al desgaste del gobierno. Los nuevos diálogos en busca de la paz completa no parecen poder consolidarse en los 15 meses que restan del Gobierno Santos. Hay desconfianza por lo que pasa a los que ya firmaron.
¿Todo negativo? No, por fortuna. Ya comienzan a aparecer voces importantes que, superando la momentánea perplejidad, esbozan una inteligente articulación programática entre paz, transparencia y equidad social. Ya hay movimientos de convergencia hacia un bloque alternativo de poder. Ya se visualiza un camino de participación ciudadana como constitución de nuevos sujetos sociales y políticos.
La etapa política que viene inmediatamente se desarrollará con reglas de juego renovadas en virtud de la reforma política que se deriva de los acuerdos de La Habana. Se abren posibilidades hasta ahora inexistentes para iniciativas emergentes y para las regiones más apartadas del país.
La parte cualitativa que permita el inicio de un nuevo rumbo estaría en que por muchas vías se promueva la incursión plena de las bases ciudadanas en las decisiones, y en que el inmenso sector alternativo sepa hacer uso de las nuevas herramientas para unirse y afirmarse como proyecto de poder y de gobierno. Se avanza, pero aún no es seguro que pueda darse un gobierno de transición.
El Congreso Regional-Nacional de Paz que se anuncia para fines de mes (27 en regiones, 29 en Bogotá) será un paso importante en la perspectiva deseable: “Colombia nuevo rumbo, un pacto por la vida y por la paz”.