Nunca es fácil pasar del dicho al hecho

Imaginémonos lo que significará para la sociedad colombiana, que por primera vez se cite una elección cuyo único objetivo sean los niños y sus derechos.

Es lógico que genere debate la propuesta de convocar un referendo para hacer una excepción y poder castigar hasta con prisión perpetua los delitos de asesinato, violación y explotación sexual, secuestro y maltrato severo cometidos contra menores de 14 años.

No obstante, calificar la propuesta de “salida fácil y cortoplacista” es desconocer la intencionalidad y los argumentos de fondo de ésta, y la gravedad de los delitos que buscamos no sólo castigar, sino prevenir y por qué no, erradicar. Lo que obviamente no se logra sólo con el castigo, pero que ayuda en todas las sociedades para impedir y prevenir nuevos delitos.

Cada año más de 1 millón de niños en Colombia son sometidos a tratos atroces y menos del 10% de esos delitos terminan en condenas. Los violadores y maltratadores, y hasta los asesinos, no están la mayoría en las calles, están en las casas, porque son sus familiares o conocidos. Cometen los delitos amparados en el silencio por miedo o complicidad.

Medicina Legal, la entidad más seria en materia de información sobre esta realidad, reporta que las agresiones a los niños se cometen cuando están durmiendo, jugando o comiendo. Ese escalofriante panorama nos indica que debemos actuar rápido y con contundencia, y pasar de los eternos debates a las decisiones, por difíciles que éstas sean.

Cuando se aborda la violencia sexual, caen algunos sin darse cuenta en justificaciones sobre las actuaciones de los violadores. Que la pobreza, que están enfermos, que se recuperan o no. Cuando conocemos el maltrato severo, vuelve y juega, que la pobreza, que el alcohol, y es asumido como violencia intrafamiliar, conciliable y no como delito contra los niños. Cuando los fracturan o los queman, ¿es violencia doméstica o intento de homicidio? Se vuelven delitos, pero cuando los matan.

Por el contrario, muy pocas veces nos ocupamos con profundidad sobre los efectos que tiene para la vida de un ser humano, en la etapa más importante de su desarrollo, ser abusado, maltratado, torturado, vendido y comprado para ser violado o secuestrado.

Y menos aún nos ocupamos del restablecimiento de los derechos vulnerados, asumiendo como le corresponde a la sociedad, además del costo de resocializar a los victimarios, los costos que conllevan estos delitos para las víctimas, como las terapias y abogados, para que además de tratar de superar daños irreparables y lograr la esquiva justicia, no se afecte la economía familiar y aún más el bienestar de las víctimas.

La violencia contra los niños sucede en todos los estratos sociales, y mucho me temo que en las clases medias y altas puede ser peor, porque se tapa más. La inmensa mayoría de colombianos aman y protegen a sus hijos en medio de las dificultades, por eso es equivocado y estigmatizante contra los pobres asumir que agreden a sus hijos por esa condición. O que no lo hacen quienes tienen dinero. 

Obviamente se debe trabajar en la prevención. ¿Y cómo? Erradicando la pobreza. ¿Y mientras tanto qué? Con jornadas de capacitación. O informando a los niños sobre cómo deben cuidarse, ante una muestra dramática de incapacidad de los adultos de cumplir los mandatos constitucionales y morales, en materia de respeto a sus derechos. ¿Aparte de todo a los niños les toca esa responsabilidad?     

Bienvenido el debate, superando las posturas filosóficas impuestas por quienes se consideran los depositarios de la verdad y la justicia. Nuestra democracia nos permite establecer las normas de convivencia, de castigo y perdón. Y eso es justo lo que estamos haciendo, decidir libremente si los delitos atroces contra los niños merecen la Prisión Perpetua. Imaginémonos lo que significará para la sociedad colombiana, que por primera vez se cite una elección, cuyo único tema sean los niños y sus derechos.

Gilma Jiménez Gómez. Concejal de Bogotá

Vocera Comité Promotor del Referendo Prisión Perpetua.

Aniversario 17 de la Constitución del 91

Se cumplen  hoy 17 años de la histórica promulgación de ese gran acuerdo nacional que es la Constitución de 1991. En momentos de júbilo como el que expresa toda Colombia tras el rescate de Íngrid Betancourt y los 14 secuestrados por las Farc, hoy más que nunca cobra vigencia la importancia de defender la esencia misma de nuestra carta de navegación: su permanencia en el tiempo. En ella quedaron consignados aquellos acuerdos básicos sobre los que se llegó a un consenso los reales inamovibles que no pueden dar pie a una revisión presionada por la coyuntura y los hechos políticos.

La Constitución del 91, reformada ya 26 veces, a diferencia de las leyes “comunes y corrientes” no puede estar sometida al vaivén de las mayorías. Ésa es su gran cualidad. Politizarla, como muchos desean, va en contravía de la estabilidad institucional que permite que el Estado Social de Derecho que rige en Colombia sea una realidad y no un saludo a la bandera.

Lo que no implica que no se puedan mencionar los desaciertos o deseos constituyentes nunca alcanzados. Dos de las grandes apuestas que estructuran la carta, su enfoque participativo y el énfasis en la descentralización, no han sido interiorizados por los ciudadanos o han sido objeto de todo tipo de trabas de parte del propio Estado.

Hacia estos, quizás, habría que enfilar las baterías del debate.

Juan Vengoechea. Pasto.

 

 

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