Por: Luis Felipe Henao

Objeciones a las objeciones

Las objeciones formuladas por el presidente tienen profundos problemas jurídicos, que hacen imposible que prosperen en el Congreso; por ello, su único efecto práctico es tumbar la totalidad del proyecto de ley estatutaria y no solo modificar seis artículos.

Las objeciones presentadas por el presidente tienen un defecto insalvable: no se refieren a reparos sobre las normas del proyecto de ley estatutaria de la JEP, sino a la interpretación que hizo de éstas la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018, lo cual deja al Congreso en la tarea imposible de modificar lo que las normas ni siquiera dicen:

La objeción al artículo 7 consiste en que esta norma no señala que “los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas”. Sin embargo, en este punto fue la sentencia de la Corte Constitucional y no esa norma la que señaló que “el Acto Legislativo 01 de 2017 extinguió la obligación de indemnizar los daños causados por los combatientes, sin perjuicio de la obligación colectiva de las Farc de entregar los bienes para la reparación, de acuerdo con un inventario de los mismos”.

La objeción al artículo 19 señala que “trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables”. Sin embargo, ni en esa norma ni en ningún artículo del proyecto está la palabra máximo responsable, pues fue la Corte la que la mencionó al declarar la constitucionalidad de esta norma “en el sentido de que se refiere exclusivamente a aquellos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los cuales podrán ser atribuidos a los máximos responsables”.

La objeción al artículo 150 se da porque “no precisa lo que ya fue dicho en la ley de procedimiento de la JEP cuando expresa que la sección de revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas”, y claramente no lo hace, sino que es la Corte la que afirmó que la JEP sí puede practicar pruebas, postura que reiteró expresamente en otra sentencia esta semana.

La objeción al artículo 79 señala que ésta “no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar”, lo cual no hace esta norma porque ni siquiera utiliza la palabra “diligencia”; quien lo hace es la Corte al señalar que “los órganos y servidores públicos que continúen las anteriores investigaciones, a que se refiere la norma, no podrán ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales”.

La objeción al artículo 63 consiste en que ésta “no determina el alcance de la competencia atribuida al alto comisionado para la paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz”, y no lo hace, pues es la Corte la que reconoce que la JEP también puede hacerlo.

Las objeciones a los artículos 7 (modelo de reparación), 19 (imputación a máximos responsables) y 63 (competencia de la JEP para verificar a los miembros de las Farc) afectan también lo señalado en el acto legislativo 01 de 2017, por lo cual serían automáticamente inconstitucionales.

Si se admiten las objeciones, el proyecto tendría que ir nuevamente a revisión de la Corte Constitucional, la cual tendría que anularlas por contradecir lo que ella misma ha dicho.

Ante semejantes problemas, es claro que las objeciones nacieron muertas y que lo único que buscan es dejar a la JEP y el Acuerdo en el limbo. En vez de recorrer un camino de derechos, retrocedemos en décadas en el anhelo de tener un país en paz; en vez de buscar la reconciliación, el Gobierno sigue refugiándose en la guerra.

 

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