Objetivo militar

Hace pocos días unos encapuchados entraron a la casa del hermano de un senador de la República con el propósito de asesinarlo. El hecho sería un escándalo descomunal si no hubiese un detalle adicional: el senador es un indígena nasa. En la penosa escala que administra arbitrariamente el valor de importancia de los muertos, los pueblos indígenas parecen ser menos dolorosos para los gobiernos colombianos. La manera como se ha abordado la tragedia del agua en La Guajira y la muerte de los niños wayúu revela la visión que prevalece. Esa misma visión es la que día a día contribuye con el exterminio de los pueblos indígenas en todo el territorio nacional, un exterminio que desde que empezó no se detiene.

El atentado a Germán Valencia, el hermano de Feliciano Valencia, ocurrió en zona rural de Santander de Quilichao, en la vereda Vilachí en el Cauca. La masacre a la que asistimos en Colombia, con la complicidad del Estado —por acción u omisión—, cuenta 423 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de noviembre de 2018. El territorio con mayor número de víctimas de esta sistemática ola de terror es el departamento del Cauca, justo donde intentaron matar al hermano del senador Feliciano. Un departamento que siempre ha vivido la tensión entre dos modelos de desarrollo que se contraponen. Esta masacre tiene énfasis étnicos asociados al papel que las comunidades indígenas tienen con la defensa del agua y del medio ambiente.

27 de febrero de 2017: “Defensoría del Pueblo pide esclarecer asesinato de líder social indígena”. 31 de julio de 2017: “Defensoría pide identificar autores de asesinato de indígenas en Cauca”. 16 de mayo de 2018: “Defensoría emite alerta temprana por amenazas contra indígenas de la Sierra Nevada”. Noviembre de 2018: “Según la alerta temprana entregada por la Defensoría, el grupo que representa la mayor amenaza para la población civil es el denominado Los Pachencas, conformado por reductos de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que actuaban en la región bajo las órdenes de Hernán Giraldo Serna (Clan Giraldo u Oficina Caribe). Además, también se advirtió que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) pretenden disputar el control territorial, al tiempo que ha reaparecido el Eln en la zona”. 8 de marzo de 2018: “Defensor del Pueblo verificó situación de confinamiento de comunidades indígenas en las selvas del Chocó”.

Al parecer el trabajo que ha desarrollado el Ministerio Público en materia de denuncias del exterminio indígena no tiene ninguna relevancia para el Gobierno colombiano. Los asesinatos no se detienen, los desplazamientos masivos son motivados por el miedo. En el pasado mes de octubre un panfleto circuló en el Norte del Cauca; el texto, con una lista con 13 nombres de sentenciados a muerte, explicaba la razón: “Los mal llamados líderes sociales vienen promoviendo la invasión a la propiedad privada con el discurso de liberación de la madre tierra, afectando a empresarios de la región”. Esa “afectación a empresarios de la región” ha convertido a los pueblos indígenas en objetivo militar, ya podemos imaginar de parte de qué intereses se encuentra el Gobierno, qué negocios debe favorecer y qué asesinatos debe ignorar.