Por: Tulio Elí Chinchilla

Objetivos del milenio y derechos regresivos

LA DECLARACIÓN DEL MILENIO (ONU, 2000) fijó un conjunto de metas mínimas que los Estados se comprometen a garantizar en materia de derechos sociales, dentro de plazos perentorios.

Como imperativos constituyen un “mínimo de mínimos” para reducir la pobreza extrema y el hambre. Por ello, algunos de ellos se sitúan por debajo de las obligaciones derivadas del Pacto de Derechos Económicos de la ONU (1966), del Protocolo de San Salvador (1998) y de nuestra Carta del 91. Así, en materia educativa sólo se fija el objetivo de garantizar a todos la educación primaria, pero nuestra Constitución garantiza una educación gratuita y obligatoria hasta el noveno grado.

En el ensayo ‘Desarrollo para todos’, que hace parte del libro Sin Democracia, sin Derechos (que vale la pena debatir con altura y respeto pluralista), el investigador Alberto Yepes alerta sobre la utilización que el Gobierno hace de tal Declaración de la ONU: como un pretexto para eludir las obligaciones de los Pactos de Derechos Humanos. Señala cómo el Documento Conpes 091 de 2005 reconvirtió esos “mínimos de mínimos” en metas máximas, limitantes de la inversión social.   

Esta discusión conlleva a otra aún no zanjada: la irreversibilidad del nivel de protección alcanzado en las cláusulas normativas de derechos sociales. ¿Cuál es el alcance de la cláusula de progresividad que se consagra a favor de tales derechos en los tratados y en la Constitución? ¿Puede el Estado adoptar decisiones legislativas o políticas públicas que desmejoren un nivel alcanzado de bienestar básico de la población?

Una garantía del derecho fundamental —como máximo poder de reclamación moral de una persona a su comunidad—, consiste en poseer un contenido o núcleo esencial, sustraído a decisiones encaminadas a maximizar metas globales, por ejemplo, el progreso económico. Ese núcleo intocable (“absoluto”) de tales derechos resiste al poder legítimo de quienes trazan las políticas públicas. ¿No harán parte de ese núcleo irreductible los derechos ya legalmente consagrados en materia de servicios sociales y prestaciones mínimas del trabajo en condiciones dignas y justas? Y si la Constitución prohíbe desmejorar los derechos sociales laborales en Estado de Emergencia Económico-social (Art. 215), ¿no lo prohibirá también en tiempo de normalidad?

Teóricamente la Sentencia C-038 de 2004 sobre la Ley 789 de 2002 (de “flexibilización laboral”) proclama el carácter progresivo (no reversible) de los derechos sociales, pero relativiza el núcleo esencial de éstos al hacerlos depender de su compatibilidad con metas macroeconómicas valiosas tales como la generación de empleo. La Corte Constitucional acepta que los sacrificios laborales son “medidas regresivas en la protección de un derecho social”, pero las justifica en aras de los desempleados (variable cuya causalidad es incierta).

Entonces también sería válido suprimir parte de los días festivos del Código del Trabajo. La Corte olvidó que el respeto a ese núcleo intangible exigía que cada sujeto laboral fuera compensado con otro derecho de igual naturaleza y equivalente en términos económicos, no con expectativas inciertas a favor de otros segmentos sociales. Recortar derechos sociales con este tipo de justificación “utilitarista” equivale a mermar la ración de pan a los necesitados a fin de alimentar a los menesterosos.

 

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