OCDE: la Ley TIC no cumple estándares internacionales

¿Cuántas veces nos hemos divertido explicando a quienes nacieron este siglo cómo se hacían las cosas antes? Las memorias del abuelo, cuyo mejor amigo era un radio de pilas; ese televisor en blanco y negro que se recalentaba y apagaba en el mejor momento de la novela; los diskettes gigantes que tenían una capacidad de 64 k. Sí, somos de esa generación que pasó del teléfono fijo de ruedita a internet. Esa nueva realidad necesita otro marco legal, uno convergente, y ni la OCDE cree que el Gobierno de Duque lo hizo bien con la Ley TIC.

Hasta hace poco la forma de regular y dirigir las comunicaciones dependía de tres sectores: el espectro (ANE), la infraestructura (como cables y antenas, a cargo de CRC) y el contenido, además de quiénes lo distribuían (ANTV). Hoy las fronteras de estos sectores se diluyen en el entorno digital. Las empresas ya no ofrecen solo infraestructura o contenidos, de hecho, las más grandes jugadoras actuales hacen de todo un poco. El desafío para los países es crear un marco legal con autoridades y regulaciones convergentes que puedan enfrentar estos retos.

Colombia llevaba años buscando la forma de pasar la ley que daría ese nuevo marco. Fue, finalmente, el Gobierno de Duque el que lo logró hace unos meses. La Ley TIC (Ley No. 1978 de 2019) es su respuesta a este reto, pero no se presentó como la ley de la convergencia, sino como la que cerraría la brecha digital. Su énfasis estuvo en otro desafío importante: conectar a la mitad de la población colombiana que todavía no está conectada.

En el proceso de diseñar ese nuevo marco legal, Colombia ha contado con el apoyo de la OEA, la Unesco y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Tiene sentido; definir e implementar este marco legal es una parte importante de garantizar derechos humanos como la libertad de expresión y de tener un ambiente de desarrollo en un sector clave de la economía.

Aunque la Ley TIC era necesaria y tiene elementos positivos, no cumple estándares internacionales. Por eso, desde Karisma, junto con la Comisión Colombiana de Juristas y la Fundación para la Libertad de Prensa, presentamos en agosto una demanda de inconstitucionalidad. La Corte deberá evaluar si el nuevo marco legal es garante de las obligaciones constitucionales de libertad de expresión y de dar acceso a todas las personas al espectro.

Curiosamente, no somos las únicas organizaciones que vemos pros y contras en esta legislación. Esta semana, por ejemplo, salió el informe de la OCDE “Going Digital in Colombia”, en el que reconocen algunos aciertos de lo que llaman la Ley de Modernización (la misma Ley TIC), pero también lo no tan bueno. En línea con nuestra posición, el informe desarrolla, desde una mirada de política pública para el desarrollo económico, los argumentos que presentamos en nuestra demanda.

Así, por ejemplo, el informe de la OCDE indica que no se puede hablar de que la nueva CRC sea una autoridad independiente. Cuestionan la independencia de los fondos que sostendrán la CRC. Dicen incluso que la forma como funcionará el Fontic puede servir para dar control indirecto de los fondos de la CRC al Gobierno. Otra crítica es que el Ministerio TIC conserve los poderes de inspección y vigilancia que antes eran de la ANTV y que estas funciones no pasen a la CRC. En especial, esto les preocupa porque no le da dientes al regulador y porque la SIC mantiene funciones similares. En el informe también se cuestiona que lo concerniente al espectro hubiese quedado marginado de la CRC, evitando que pueda ser llamada una autoridad convergente.

Otras críticas de la OCDE se ocupan con detalle de la conformación de la nueva CRC y también coinciden con las nuestras. Dicen, por ejemplo, que no se justifica la presencia del Gobierno en la Comisión, que la elección directa de un comisionado por parte del presidente no es una buena medida y que tampoco lo es que los canales regionales tengan un representante propio que puede crear un conflicto de intereses. El problema de no tener una autoridad convergente independiente es que el Estado puede injerir en sus asuntos. Esto no da confianza al sector, dice la OCDE. Con eso quiere decir que, en materia de comunicaciones, hay riesgos para la libertad de expresión que crean un ambiente favorable a la censura.

Algo clave es que sobre las redes comunitarias la OCDE se ocupa en un único, pero muy diciente, párrafo. Considera que permitir que no solo sea en dinero que se pague el acceso al espectro va a facilitar que las comunidades puedan usarlo y eso es importante para la competencia. Eso sí, advierte que esto será una mejora sustancial “si” lleva a un sistema como el mexicano. Esto es lo clave, el condicional “si” hace que la posición de la OCDE coincida con la de Karisma en que la Ley TIC solo es clara para los grandes operadores. Mientras tanto, en México el marco legal hace un reconocimiento expreso a la autonomía y capacidad de las redes comunitarias para participar en el cierre de su propia brecha digital.

A pesar de que la Constitución colombiana indica que el espectro es un bien público que la ley debe reglamentar para que cualquiera pueda acceder a él, la Ley TIC no fue clara y el acceso de las redes comunitarias depende de la interpretación excepcional de la norma. Por eso la norma es inconstitucional, porque el sistema de acceso al uso del espectro solo está pensado para grandes operadores, dejando por fuera a las redes comunitarias; es decir, aunque la situación de los primeros y las segundas es diferente, la ley no hace distinción, no nivela la cancha para que las comunidades accedan al espectro.

Como mínimo, este informe de la OCDE debería llamar la atención de la Corte para convocar a una audiencia pública que le permita escuchar a todas las partes interesadas.

Nota. Dentro del seguimiento que Karisma hace al nuevo Conpes de Seguridad Digital, lanzamos esta semana un informe comparativo con recomendaciones para que Colombia cree una ruta para divulgación de problemas de seguridad digital. La idea central es que cuando una persona, usualmente un hacker bienintencionado, encuentre vulnerabilidades en los sistemas o incluso evidencie filtraciones de datos personales, pueda reportarlos sin sufrir consecuencias como sanciones penales. Esto mejoraría sustancialmente la seguridad digital en el país. ¡Buena lectura!