¿Cómo hacer para que el mandato anticorrupción no quede en el aire?

hace 1 hora
Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Oficio peligroso

La destitución del superintendente financiero, Gerardo Hernández, porque supuestamente no actuó a tiempo en el sonado caso de la defraudación de Interbolsa, es injusta y nada convincente.

Parecería ser otra maroma mediática más del desprestigiado procurador que, al igual que la contratadora Morelli, condena a quienes no se le arrodillan y exonera a sus amigotes. Remember, por ejemplo, al senador conservador Eduardo Enríquez Maya —el cacique de los escándalos—, quien salió limpio en la Procuraduría del descalabro de la Dirección Nacional de Estupefacientes, como seguramente les pasará a todos los goditos que están enredados en este saqueo histórico.

Las explicaciones de Hernández que no fueron atendidas por la Procuraduría se ofrecen verosímiles. Nadie ha podido decir que está comprometido en un acto de corrupción, o que andaba reuniéndose privadamente y tomando whisky con los dueños de Interbolsa, como sí se ha demostrado en el caso del superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, a quien nada le ha pasado, a lo mejor porque él, que fue lobista del grupo Aval en el Congreso, sabe moverse por las tempestuosas aguas de una Procuraduría y una Contraloría que administran justicia selectiva. En efecto, esa justicia sesgada sirve para autofavorecerse, como lo hizo la Morelli en el caso del aeropuerto de Palestina que la compromete a ella, a su asesor Emilio Echeverry y a la Federación de Cafeteros. A propósito, ¿por qué la contratadora esta vez tuvo que quedarse muda?

A Hernández lo destituyen, no por haber incumplido una norma, sino porque existe una disparidad de criterios con el procurador respecto de las facultades discrecionales de la Superintendencia Financiera y la oportunidad en la que se tomaron las medidas contra Interbolsa. El problema consiste en que la Procuraduría considera que, a pesar de que no estaban terminadas las indagaciones que entonces adelantaba la Superfinanciera en Interbolsa, debió haber tomado drásticas medidas. Y, con razón, Hernández reclama que no podía actuar contra Interbolsa y sus avivatos directivos mientras estuvieran en curso esas investigaciones, porque eso habría equivalido a una arbitrariedad, pues un servidor público sólo puede tomar decisiones que estén debidamente motivadas y justificadas. Lo contrario es condenar y ejecutar al presunto responsable y luego averiguar.

Están sacando a Hernández porque piensa diferente de lo que opina una Procuraduría que destituye a personas decentes, mientras la corrupción crece en sus narices, inclusive las propias. Por ejemplo, mientras Ordóñez diariamente fustiga injustamente al Gobierno dizque por intervenir en política, él olvida que se dejó homenajear en Antioquia por sus copartidarios azules que lo lanzaron a la Presidencia, entre los cuales se encontraba uno de sus investigados, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. Claro, y a Ordóñez nada le pasa, porque para algo es el procurador.

Cada vez es más notorio que profesionales competentes y honestos, como Gerardo Hernández —cuyo prestigio bien ganado hacía innecesario el sacrificio personal de asumir la Superintendencia—, no quieran asomarse al servicio público, por el temor fundado de que puedan ser víctimas del odio, la incompetencia o el afán mediático de los encargados de los organismos de control. Con contadas excepciones, a las oficinas públicas no suelen llegar quienes se han quemado las pestañas en las grandes universidades del mundo, sino unos aventureros que ven el erario como un botín. Para no ir muy lejos, allí está el carrusel de la contratación en Bogotá, agenciado por unos oportunistas y ladrones de cuello blanco de diferentes estratos sociales y políticos a quienes les permitieron todo.

No hay duda, ejercer hoy función pública es una actividad riesgosa para las gentes de bien, reservada solamente para quienes saben deambular con éxito entre los recovecos de los códigos penal y disciplinario.

Adenda. Felicitación a la Comisión Colombiana de Juristas y su presidente, Gustavo Gallón, por sus 25 años de existencia. Su aporte a los derechos humanos en esta convulsionada nación ha sido invaluable.

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