Por: Mauricio Botero Caicedo

A oídos del legislador…

RECIENTEMENTE FUE APROBADA una ley en Estados Unidos que dejó intranquilos a los emisores de tarjetas de crédito.

En esencia la ley busca hacer más transparente las comisiones y los intereses que cobran los bancos y demás instituciones financieras que emiten tarjetas de crédito y de débito. Pero las instituciones en defensa de los usuarios pretenden en un futuro cercano llegar mucha más allá y obligar a que exista una transparencia total en las comisiones y cargos que se cobran con el uso de dichas tarjetas. Es decir, que para todo bien y servicio deben existir dos precios: el que rige cuando se hace el pago por medio de tarjeta y aquel que se cobra en caso de que el pago se haga en efectivo. Los “cabildeadores” (lobbysts) de los emisores lograron atajar las propuestas en este sentido, pero en un futuro cercano, y ojalá más temprano que tarde, los consumidores tendrán el derecho de saber con exactitud el verdadero costo de pagar con dinero plástico, no sólo de los intereses y cargos de manejo por el uso de las tarjetas.

Fenalco debería promover que Colombia fuera un país de vanguardia en este tipo de legislación. Con absoluta certeza el hacer transparente la diferencia entre el pago en efectivo y el plástico va a contar con la férrea oposición del sistema financiero, pero los intereses del consumidor deben primar.

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En el sonado caso de Madoff, el liquidador nombrado por el gobierno norteamericano, Irving Picard, ha iniciado demandas en contra de varios de los inversionistas involucrados en dichos fondos, como es el caso de “Fairfield Sentry”. Para este funcionario, el solo hecho de que estos Fondos estuvieran obteniendo —en medio de una crisis generalizada— rendimientos extraordinarios o ficticios (rendimientos que en algunos casos llegaban a la increíble cifra del 300% anual), es un serio indicio de que estos inversionistas institucionales eran conscientes del fraude que se estaba perpetrando contra el público. A pesar de la insistencia en su inocencia por parte de los administradores de dichos fondos (con el argumento de que ellos mismos perdieron importantes sumas de dinero con Madoff), Picard sigue adelante en su intento por recuperar los “beneficios ficticios” y sólo está dispuesto a reconocer las sumas realmente invertidas, no los rendimientos.

En el caso de los Madoff locales, los Murcia de turno, el Gobierno debe iniciar procesos judiciales para recuperar los rendimientos extraordinarios que, en su día, unos cuantos inversionistas y asesores de las pirámides se alzaron. Lo que no se puede permitir es que estos pícaros argumenten no saber que estaban invirtiendo y asesorando a unas pirámides.

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En Europa, donde el servicio de telefonía celular es excelente, con niveles de perdida de llamadas y saturación de servicio considerablemente por debajo del nuestro, no se ve una sola antena de celular. La razón no es que los europeos utilicen una tecnología que convierta estas antenas en obsoletas, sino que existe una reglamentación estricta en cuanto a la obligación de mimetizarlas en el entorno con la finalidad de permitirle al ciudadano y al visitante disfrutar del paisaje. Adicionalmente, a los operadores se les obliga a compartir las antenas con el fin de limitar la proliferación de estos adefesios metálicos. En Colombia, los operadores ponen sus antenas, de manera individual, donde y cuando les viene en gana, sin la menor preocupación por los estragos contra el paisaje que puedan cometer. ¿Cuándo será que el Ministerio de Comunicaciones pone en cintura a estas empresas? ¿O será necesario que se pase una ley obligando a estas empresas a cumplir, cómo mínimo, los requisitos que les exige la Unión Europea?

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