Por: Elisabeth Ungar Bleier

Ojo a la financiación política

Cuando se aproximan las elecciones de 2014, es importante —nuevamente— prestar atención al tema de la financiación de las campañas.

Si bien, en principio, los aportes que particulares y empresas hacen a candidatos son una forma legítima de participación política, con mucha frecuencia son utilizados para ejercer presiones indebidas sobre los elegidos, para obtener contratos y nombramientos de familiares o conocidos, para influir en la elaboración de los pliegos licitatorios, o para incidir en decisiones futuras que el servidor público pueda tomar una vez tome posesión de su cargo, para mencionar sólo algunos de los abusos relacionados con el financiamiento privado.

Hace algunos meses me referí a los resultados de la tercera encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas, realizada por Transparencia por Colombia con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia. Uno de los resultados que arrojó el estudio fue el aumento de la percepción de que los aportes de contribuciones privadas a campañas y partidos políticos son una de las modalidades de soborno más utilizada. Asimismo se constató que aun cuando la mitad de las empresas realizan contribuciones a campañas políticas, los controles y transparencia sobre las mismas son casi inexistentes. Si bien el 50% de los empresarios tiene como regla hacer contribuciones políticas, sólo un 6% lleva un registro contable exacto sobre las mismas, y un bajo porcentaje, el 4%, brinda información a quien la solicite.

Más recientemente se realizó una réplica de esta encuesta a un grupo de empresas del sector hidrocarburos (en total se encuestaron 588 empresarios), ligadas a importantes compañías petroleras y de proveeduría y apoyo (estudio en edición). Nuevamente, éstos identifican la financiación política como una forma de soborno. No obstante, si bien el 54% de las empresas del sector tiene como regla no dar contribuciones políticas, el 31% de las que sí lo hacen no cuenta con ningún mecanismo para hacerle seguimiento a estos aportes.

Teniendo en cuenta la creciente importancia del sector de hidrocarburos para la economía y el desarrollo del país, los montos de las ganancias que esta actividad genera para las grandes empresas y su cadena de valor, y la magnitud de los negocios involucrados, es deseable aunar esfuerzos para que sus aportes a las campañas políticas sean públicos; que éstas definan claramente sus políticas de donaciones electorales; que los ciudadanos y las mismas empresas puedan hacerles seguimiento y les exijan rendición de cuentas a quienes financian. Por supuesto estas sugerencias son aplicables a todos los financiadores privados, y no solamente a los que están vinculados a este sector

Si bien las campañas aún no han comenzado oficialmente, que los financiadores privados asumieran públicamente y desde ya el compromiso de no utilizar la financiación como un mecanismo para obtener favores y privilegios sería una muestra de responsabilidad política con el país. Muchos dirán que es un llamado ingenuo y posiblemente lo es. Pero también es una manera de darle mayor alcance a la responsabilidad social empresarial de la que muchos se precian.

 

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