¿Olvidó el fiscal la fiesta de sangre en El Salado?

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«En el piso yacía el cuerpo aún tibio de Luis Pablo Redondo, un maestro al que habían torturado y asesinado cruelmente. Lo hicieron frente a un centenar de pobladores que miraban estupefactos el espectáculo. Para empezar le quitaron las orejas con un cuchillo. Luego, lo apuñalaron decenas de veces entre las costillas y el vientre. Aún vivo, le pusieron una bolsa negra en la cabeza. Los gritos del atormentado se confundían con pequeños quejidos del público horrorizado. La voz del hombre se fue apagando y luego un tiro de fusil lo dejó todo en silencio. [...] La matanza había empezado». Y es apenas una cita. Noventa y nueve palabras extraídas del reportaje que escribió la periodista Marta Ruiz en 2008, en el que nos dejó ver el horror. Lo tituló “Fiesta de sangre”; eso fue la masacre de El Salado, una carnicería en este corregimiento de Carmen de Bolívar (y alrededores) en la que los paramilitares torturaron, ultrajaron, despedazaron, asesinaron a 66 de sus habitantes durante una semana, en febrero del año 2000.

Si la violencia tiene límites, en El Salado se cruzaron todos. En el informe sobre este episodio de nuestra crueldad nacional, el Centro Nacional de Memoria Histórica escribe: «En la masacre de El Salado, el oficio de torturador se generaliza entre los victimarios que participan del hecho», y según Marta Ruiz del hecho participaron unos 300 paramilitares. ¿Alguien que no haya sido testigo se puede hacer siquiera una idea de lo que es 300 hombres infligiendo terror y suplicio en los cuerpos de hombres, mujeres e infantes, día tras día, durante una semana; esperando que una autoridad los salve, descubriendo que ninguna la hará?

Bueno, esa, que está escrita en tantos informes, narrada en tantas crónicas, recordada en tantos editoriales, es la masacre, la barbarie que Francisco Barbosa, el fiscal general de nuestra nación, parece que olvidó. En su eterno calvario, veintiún años después, los habitantes de El Salado vuelven a gritar que los van a matar; hace una par de días la Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía que investigara las amenazas y que protegiera los derechos de la comunidad; y el fiscal Barbosa, luego de mencionar que ha articulado acciones (acciones ya clichés) para proteger la vida de los líderes de El Salado, desde el inmenso atril de su soberbia, respondió al defensor: «Le recuerdo que la función de la Defensoría no es la de atribuirle responsabilidades y nuevas funciones constitucionales a la Fiscalía General de la Nación». He ahí la importancia de la memoria y de que quien regente el órgano de persecución penal de un país se lea, como mínimo, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre los territorios que siguen siendo violentados, para evitar, al menos, que responda con cinismo ante la situación desoladora de quienes ya han sido masacrados, desplazados, abandonados.

No obstante, a veces logramos entender el porqué de la sordera (y la soberbia) de algunas autoridades. Ocho años después de la masacre de El Salado, Marta Ruiz también escribió en su reportaje: «Desde el año pasado, una empresa de sísmica busca gas y petróleo en El Salado, [...] Empresarios y ganaderos antioqueños ya han comprado más de 15.000 hectáreas para ganadería o biocombustible». No es difícil deducir razones.

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