Por: María Elvira Samper

¿Omisión dolosa?

VIVIMOS DE ESCÁNDALO EN ESCÁNdalo y no acaba de estallar uno cuando explota el siguiente y lo sepulta, y así uno tras otro en una cadena sin fin que confirma que la cosa pública dejó de ser tal, que no es de y para los ciudadanos, que les pertenece a las mafias.

A mafias de contratistas, de abogados y jueces, de políticos y funcionarios, de narcotraficantes y paramilitares, de gobiernos locales y regionales que han hecho de la corrupción un sistema alternativo de poder económico y político que desvía recursos y bienes destinados a intereses colectivos a las manos de unos pocos, a grupos de interés privados.

Si ayer el plato fuerte eran la ‘yidispolítica’, la ‘parapolítica’ y las chuzadas del DAS, las anomalías en Incoder, Invías, Inco, Supernotariado, AIS, Estupefacientes y un largo etcétera, hoy el menú incluye la contratación en Bogotá, las irregularidades en Fondelibertad y uno especial: el carrusel de recobros que armaron funcionarios de Minprotección y el Fosyga, en alianza con particulares, para desfalcar al Estado, y cuyas primeras pistas datan de 2006, lo cual abre serios interrogantes sobre la gestión del exministro Diego Palacio y el papel de la Superintendencia del ramo.

Siempre en el ojo del huracán, su exceso de diligencia para pedalearle a su jefe la reelección acabó enredándolo en la ‘yidispolítica’. Mientras se defendía en los estrados judiciales y defendía de oficio a Uribe, arreciaban las críticas por la demora en la reforma del Seguro Social, de las EPS que controlan el 90% del sector y de la actualización del POS, por el cierre de hospitales públicos, la proliferación de tutelas y la hemorragia de recobros al Fosyga, que venían creciendo desde 2004 y se dispararon cuando en 2006 el Gobierno liberó los precios de los medicamentos (triunfo del lobby de las multinacionales farmacéuticas), a sabiendas de que ponía en riesgo la supervivencia del sistema.

Un error que aceptó tarde, atropellado por una crisis cantada que le explotó en las manos y que llevó al Gobierno a decretar la emergencia social, cuyos decretos redactó con asesoría de personas vinculadas a las EPS, por lo cual la Procuraduría le abrió investigación y la oposición pidió su cabeza. Pero el ministro contaba con el apoyo de las EPS y la industria farmacéutica —los dos jugadores más poderosos del sector—, y sobre todo con el de Uribe, que no podía darse el lujo de entregar la cabeza de su fiel cancerbero.

Terminó su gestión investigado y en medio del mayor desprestigio. Siete años a cargo del Ministerio le quedaron cortos para hacer la tarea, siete años durante los cuales el mamut de la corrupción se paseó ante sus narices y él no lo vio. ¿Omisión dolosa? En su defensa, el exministro dice que en varias ocasiones pidió la intervención de los organismos de control. ¿Y…? Nada pasó.

El gobierno de Santos, por el contrario, ya mostró los primeros resultados de una investigación y envió con ello un mensaje alentador de lucha frontal del Estado contra la corrupción. Ojalá no desfallezca y vaya hasta el fondo no sólo en la salud, porque cada vez es más evidente que bajo la superficie del gobierno de la seguridad democrática se formó un gigantesco iceberg de corrupción. La tarea es titánica y los colombianos de bien no van a conformarse con que caigan sólo sardinas.

Nota. Si los recursos que invierte la Nación en salud superan los 30 billones de pesos y el 30% se queda en manos de los intermediarios y de los pícaros que los administran, ¿no es hora ya de reformar el sistema y de someterlo a debate público?

 

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