Un grupo de unas 20 ONG tanto internacionales como nacionales, 200 académicos y siete relatores de derechos humanos de la mediocre ONU le escribieron una carta el pasado 26 de marzo al presidente Joseph R. Biden, carta con potencial para elevar el desempleo y la pobreza en Colombia, de la cual tomo y comento algunos apartes. Todos los entrecomillados provienen de la misiva aludida:
“Le escribimos —inicia la carta— con gran preocupación por el inminente reinicio de un programa que su administración está heredando de su antecesor: un esfuerzo para erradicar la coca en Colombia mediante la fumigación de herbicidas desde aviones. Le animamos a que no financie este programa, que no solo no ha logrado los objetivos anteriores, sino que envía un mensaje de crueldad e insensibilidad con el que Estados Unidos no debería seguir asociado. Socavará los acuerdos de paz que son un poderoso legado de la administración Obama-Biden”.
“A finales de la década de 2010, los cultivos de coca en Colombia aumentaron hasta alcanzar niveles récord. Casi todo el aumento se produjo exactamente en los municipios y comunidades donde la fumigación había sido más intensa”, afirman los firmantes.
Falsedad infantil. Sostuvo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que cuando ocupó la presidencia Álvaro Uribe en 2002, se cultivaban en el país 102.000 hectáreas, las cuales, gracias a las aspersiones aéreas con glifosato durante dicho gobierno y durante los tres primeros años de la presidencia de Juan Manuel Santos, se redujeron en 2013 hasta unas 48.000 hectáreas.
El gran aumento a finales de la década de 2010 se debió a que prohibió Santos las fumigaciones con glifosato para que las Farc le firmaran su endeble Acuerdo de Paz. Cabe preguntar a los firmantes: ¿para qué sirven las cerca de 1.100 toneladas de coca que se producen hoy en ellas? ¿Acaso no destruyen selva virgen para plantar coca y desherbarla con glifosato? ¿Acaso no polucionan nuestros ríos con los insumos que emplean para producir la coca?
“Si se supone que hay cuatro personas por familia, más del 2% de los colombianos dependen de la coca. Los hogares ganan alrededor de 1.000 dólares por persona al año con el cultivo, lo que los convierte en el eslabón peor pagado de la cadena de suministro de cocaína”, continúa la carta.
En cuanto a las familias, tienen toda la razón, “especialmente cuando no se coordina con los esfuerzos para llevar físicamente los servicios del gobierno al territorio”, porque el mar de coca que toleró el presidente Santos para que las Farc le firmaran su irrealizable Acuerdo de Paz revivió el control de las guerrillas en las zonas de cultivo.
Las guerrillas y los lugareños impiden hoy la presencia de las Fuerzas Armadas en sus plantaciones y asesinan a quienes acepten la sustitución de sus sembradíos de coca con productos comerciales. Las ONG afirman que se trata de “líderes sociales” asesinados por el Ejército.
“La fumigación, por su parte, puede conllevar riesgos para la salud humana y el medio ambiente. El documento de la OMS de 2015 es uno de los muchos estudios que arrojan dudas razonables sobre los efectos en la salud de la aspersión desde los aviones con altas concentraciones de glifosato sobre zonas pobladas. Bayer, la empresa que compró a Monsanto, el productor del glifosato, ha llegado a acuerdos con los demandantes estadounidenses que podrían ascender a más de 11.000 millones de dólares, otro motivo de duda razonable”.
Soslayan los firmantes de la carta que la gran producción de coca nos inunda con los dólares lavados como contrabando puro, contrabando técnico, subfacturación… los mismos que quiebran a nuestras empresas domésticas y nos causan desempleo, informalidad, pobreza, inseguridad y ahuyentan la inversión extranjera.
Omiten los firmantes que la gran producción de coca nos eleva la oferta de dólares, abaratando el dólar. Con una tasa de cambio de pocos pesos por dólar no se incentiva a los exportadores, porque al convertir los dólares de su exportación en pesos colombianos posiblemente ni siquiera puedan cubrir sus costos de producción.
Así las cosas, estimo en gracia de la discusión que, aunque puedan existir algunos daños sobre la salud, el medio ambiente, los cultivos lícitos vecinos, los aviones que pueda averiar o derribar la guerrilla… estimo que entre dos males es lícito escoger el menor. No dudo que, para Colombia, el mal menor es la aspersión aérea con glifosato. La carta citada sí entraña potencial para el desempleo y la pobreza.