Opinión y dignidad

Como vocero de los discapacitados, manifiesto mi inconformidad por la columna publicada el domingo 26 de julio en el diario El Espectador de autoría del Dr. Felipe Zuleta Lleras, donde se afirma que, si el actual canciller Jaime Bermúdez estuviera en un país civilizado, se encontraría recluido en un Centro de Niños Especiales y no ocupando tan importante cargo.

Más allá de sus críticas al Canciller —las cuales de verdad me son indiferentes, pues no soy defensor de este gobierno ni un versado en temas internacionales—, estas palabras resultan despectivas para las familias que, por situaciones adversas, han tenido que recluir a uno de sus hijos discapacitados en un Centro Especial. Por ello, con todo el respeto y admiración que me merece el Dr. Zuleta por su decencia y seriedad como persona, solicito que en cumplimiento de los artículos 12 y 13 de la Constitución Nacional que le garantizan a todos los ciudadanos el derecho a la igualdad, en especial a aquellos “que por su condición física, económica o mental se encuentren en un estado de debilidad manifiesta” y que por eso mismo, “no pueden ser sometidos a tratos inhumanos, crueles o degradantes”, en virtud del principio que defiende ante todo la dignidad humana, solicito que el Dr. Zuleta haga claridad sobre el significado y los alcances de sus palabras en la columna del día domingo como una muestra del respeto que todos los colombianos debemos tener hacia las personas con y en situación de discapacidad y la racionalidad que debe mediar siempre en el debate periodístico para evitar estos excesos que terminan yendo en contra de la dignidad humana, pues estar recluido en un centro especial no es un insulto como lo dan a entender las palabras del Dr. Zuleta en su columna, contrariando todas las disposiciones constitucionales y legales vigentes en este sentido, sino una situación adversa que merece todo el respeto y reconocimiento de la sociedad en su conjunto.

 José A. Hofmann Del Valle. Bogotá.

¿Hacia el “golpe civil”?

Con motivo del problema hondureño, sugerí que detrás del reeleccionismo latinoamericano se estuvieran ejecutando golpes civiles contra las Constituciones nacionales (“¿Derrota de un ‘golpista civil’?”, El Espectador, 09-07-01). Esa nota advertía al final que, mirando hacia Honduras, los colombianos debíamos “poner nuestras barbas en remojo”. Pues bien, días después en su discurso ante el Congreso el 20 de julio, el ciudadano Presidente destapó la especie de que uno que llama “Estado de opinión” sea para Colombia algo así como “… la fase superior del Estado de Derecho”, lo que se acercaría a reproducir entre nosotros aquella especie de golpismo civil.

El Presidente afirma que ese engendro habría empezado en Inglaterra “… hace un milenio con la Carta Magna de Juan Sin Miedo”. Pero fue Aristóteles el que advirtió en su obra Política del siglo IV a. de C., que la democracia estaba amenazada por una desviación extrema cuando “la multitud se hacía soberana sobre la ley”, precisando que éste era el estado de cosas en que tenían asiento todo tipo de demagogos haciendo que el pueblo se convirtiera en monarca para manipularle. “… Un pueblo de esta clase —añadió entonces—… busca la manera de ejercer un gobierno monárquico… y se vuelve despótico de manera que en él los aduladores son los que se llevan los honores”. Una democracia despótica es comparable, según Aristóteles, a una forma tiránica de monarquía, ya que su espíritu es idéntico, sólo que en aquella rige la voluntad de las mayorías populares manipulada por unos cuantos demagogos.

Ese “Estado de opinión” amenaza ser una especie sutil de golpe civil a las instituciones que, vale advertirlo, no se quedaría como hasta ahora desmembrando paso a paso la Constitución. Dado que, según Uribe, aquel engendro se impondría sobre el Estado de Derecho, todo contrato o acuerdo establecido entre públicos o particulares podría quedar amenazado de quedar regido no por la ley sino por la opinión de las mayorías. Así las cosas, estaríamos a punto de pasar desde dirimir nuestras diferencias de común acuerdo o en los centros de arbitraje o en los estrados judiciales, hacia lo que definan unas encuestas o plebiscitos en que las mayorías, así como lo hacen ahora con las reglas de juego político, les impongan a los jueces su opinión acerca de quién tiene o no la razón en los conflictos sociales sobre asuntos comerciales, laborales, penales o de familia. ¿Habría mejor forma de entender la frase del Presidente cuando afirma que su “Estado de opinión” es “… el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas”?

Un sesudo editorial de El Espectador ha llamado a las circunstancias que rodean a este fenómeno un “terremoto en la política” (2009-07-26). Convendría advertir también que desde la Casa de Nariño se estaría anunciando un terremoto en la civilidad que, habiendo roto ya la Constitución, abriría la posibilidad de socavar todas las reglas de juego vigentes en lo público o en lo privado.

 Bernardo Congote. Bogotá.

Ácido en el Museo

Hacemos referencia al debate en relación con el deterioro de la fachada del Museo Nacional —edificio de invaluable importancia histórica y cultural— por el uso de un ácido inadecuado por un contratista del Ministerio de Cultura encargado de su limpieza. El origen de este daño grave e irreversible se encuentra precisamente en la entidad llamada a proteger los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación, como es la Cartera de Cultura.

Hasta el momento, el mencionado debate se ha circunscrito a los pronunciamientos en ejercicio del control social, para el cual El Espectador ha sido un vehículo esencial, pero es hora de que se establezca la responsabilidad política y de que operen los órganos de control encargados de la vigilancia de las actuaciones de las entidades públicas. De lo contrario, el presente debate no tendrá consecuencia alguna, o sea que se legitimarán, una vez más, los atentados contra el patrimonio cultural de la Nación.

 María Teresa Garcés, Marcela Romero de Silva, Ana María Ángel, María Mercedes Jaramillo, Margarita Mera, María Cecilia Garcés. Bogotá.

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