Por: Daniel Mera Villamizar

2016, el año del acuerdo de paz insostenible

Paz, como ausencia de guerra con las Farc, tendremos estable y duradera; pero este acuerdo no lo es.

Para las Farc no es una opción razonable hoy devolverse al monte y el presidente de la República tiene el deber constitucional de evitarlo para “proteger la vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”. Sin embargo, amenazaron con devolverse si no había fast track. Ya lo tienen.

El presidente y sus pensadores ad hoc argumentan que justamente el acuerdo de paz se hizo para protegernos de las Farc, en lo que básicamente tienen razón, pero lo que no pueden sostener es que si las Farc consideran rearmarse en el 2018 porque el nuevo presidente les resulta adverso, eso no es problema de ellos.

Sea por decisión de las Farc, sea por capacidad preventiva del Estado, el fin del conflicto armado con las Farc tiene que ser estable y duradero. Ni antes ni ahora (sin contar el siglo XIX) la sociedad colombiana le ha dado legitimidad a los alzamientos en armas contra el Estado y el orden social. Punto. No hay que permitir que se juegue con esa posibilidad.

Y para que no haya suspicacias con la amable separación de sus filas que el Estado Mayor Central hizo de cinco mandos medios narcotraficantes, en el sentido de ser una estratagema financiera, de menoscabo de la verdad y eventualmente militar, conviene que pronto esos cinco mandos sean capturados con ayuda de información de las Farc.

Las Farc aceptaron acogerse a la democracia y deben estar maravillados de cómo el Gobierno ha logrado que el Estado de Derecho se adapte a sus exigencias. Lo que deben entender es que en democracia los gobiernos cambian, el Congreso y las cortes también. Y que la misma Corte Constitucional puede volver a la noción de refrendación popular que usó en la Sentencia C-379/16 sobre el plebiscito: como una decisión única e indivisible del pueblo.

Que si aceptaron la interpretación hechiza o a la medida de la refrendación popular como un “proceso” para dar vía libre al fast track, pues no tienen que volver a —ni se les va a permitir— matar gente por una nueva elaboración —menos artificiosa— de la Corte, así les recuerde que:

“Los efectos de la aprobación del Plebiscito están concentrados en (i) otorgar legitimidad democrática a la implementación del Acuerdo Final; (ii) conferir estabilidad temporal al mismo, en tanto el aval ciudadano es obligatorio para el presidente, quien no puede negarse a cumplir con el deber de implementación sin antes hacer un nuevo llamado institucional a la voluntad popular; y (iii) prodigar hacia las partes involucradas garantías de cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo, precisamente debido a la legitimidad democrática que confiere la refrendación popular”.

Y como el 2 de octubre no hubo refrendación popular, entonces es probable que el nuevo gobierno convoque a un plebiscito o referendo para asegurarse de que el acuerdo de paz con las Farc también atienda “los valores compartidos por el conjunto de la sociedad y los intereses de grupos sociales específicos” (Corte Constitucional), y se corrijan las fallas que resultarán evidentes en 2017 y en el primer tramo de 2018.

Una refrendación popular libre de la amenaza de más guerra (y urbana) y de la culpa por las vidas en defensa de los principios. Con un umbral del 13 % y probablemente las mismas condiciones ventajistas para el gobierno que vimos en 2016. Y luego un fast track legítimo.

@DanielMeraV

 

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