Por: Claudia Morales

Así empiezan el año en La Guajira

El año 2015 terminó con una buena noticia para los indígenas Wayúu de La Guajira: el 11 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió las medidas cautelares a esa comunidad y le solicitó al Gobierno colombiano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes” de cuatro municipios en el departamento.

La decisión de la CIDH fue recibida con júbilo. Sin embargo, en los últimos 50 días han fallecido cuatro bebés de entre seis y siete meses por enfermedades asociadas a la desnutrición, el Gobierno no ha concertado las medidas con los representantes de los Wayúu, es decir la abogada Carolina Sáchica y el indígena Javier Rojas Uriana, y el Instituto de Bienestar Familiar no ha suministrado los detalles solicitados desde el año pasado, incluso ordenados por fallo de tutela, sobre los programas de microfocalización. Adicionalmente, los miembros de la comunidad que recolectan la información siguen siendo amenazados, en algunos casos, por bandidos del Clan Úsuga.

Lo anterior permite suponer que el 2016 será otro infierno para los Wayúu, no sólo por las muertes por hambre y sed que también afectan a adultos y ancianos, sino porque hay más evidencias de lo que es un secreto a voces: el despilfarro de los millones que llegan al departamento por concepto de regalías.

El más reciente informe de la Contraloría, “Recursos de regalías para el departamento de La Guajira - Vigencias 2012, 2013, 2014”, entregado el pasado mes de noviembre al entonces gobernador José María Ballesteros, señala que fueron investigados 54 proyectos por valor de $408.161 millones donde se comprometieron recursos por $377.538 millones del Sistema General de Regalías.

Los auditores establecieron 23 hallazgos administrativos, de los cuales 21 tienen presunta incidencia disciplinaria y diez presunta incidencia fiscal, y le dicen al exgobernador Ballesteros, el mismo que reemplazó a Kiko Gómez cuando lo mandaron a la cárcel por homicidio, que los contratos que hacen con la plata de las regalías están mal elaborados y que los están entregando a dedo a gente inepta, y eso se traduce en el “menoscabo de la calidad de vida de la población beneficiaria”.

En La Guajira pavimentan las calles con concreto contaminado con madera y material orgánico; tienen contratistas que con $774.970 millones deberían implementar estrategias de empleo, pero botan la plata en muebles y restaurantes; hay interventores con $3.865 millones que no cumplen con su objetivo; existen personajes que recibieron $14.435 millones para “el desarrollo competitivo del sector ovino” y nadie sabe cuántos animales están en el proyecto ni cuáles fueron los beneficiarios. El informe tiene 112 páginas de perlas finas.

El sistema de regalías debe contribuir con la equidad social y a disminuir las condiciones de pobreza, pero La Guajira tiene insuficiencias en todos los indicadores de Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Según el Departamento Nacional de Planeación, los indicadores más preocupantes son la falta de aseguramiento en salud, la falta de acceso a agua mejorada y el hacinamiento con un 35%, un 32% y un 20% por encima del promedio nacional respectivamente.

Mientras los corruptos siguen engordando sus bolsillos, los guajiros morirán de hambre, el departamento seguirá sin vías y ni qué decir de la salud y la educación. Lo bueno: la CIDH ya no le come cuento al Gobierno, esa es una pequeña luz al final del túnel.

* Subdirectora de La Luciérnaga

@ClaMoralesM

 

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