Por: Tatiana Acevedo Guerrero

Avalancha

Me contó un señor en Sabanagrande, Atlántico, que recibió un apartamento en “un conjunto de megavivienda para las víctimas de la violencia y de los aguaceros”. “Para las víctimas de la llegada de los paras y de la caída del canal del Dique sobre el río Magdalena”, resumió.

Bien al sur, en otro proyecto de megavivienda cerca de Cali, en el Valle, otro señor le dijo a la prensa local que su familia comparte edificio “con las víctimas del jarillón que quedaron sin nada por la creciente del río Cauca”. Explicó que, aunque como víctimas del conflicto tienen derecho a restitución de tierras (y funcionarios han ido a registrarlos ofreciéndoles terrenos), prefieren no reclamar. “Por allá hay mucha violencia. En Guaviare, si uno se acostaba, no sabía si amanecía. Los líderes que salieron a reclamar tierras están muertos. Por eso decimos ¡no gracias!”, complementó.

“Atención a víctimas de la violencia y el invierno se mantendrá” anuncia la página de la Presidencia de la República. “Familias damnificadas por la temporada invernal y desplazadas por la violencia recibieron un nuevo hogar”, repite el titular de un noticiero. “Desplazados por el conflicto ahora son víctimas del invierno” anuncia Acción Social. Víctimas de un río salido de madre o de una incursión armada planificada contra una población específica. De una inundación o una masacre. Se ha ido metiendo por entre los titulares y las políticas de posconflicto este binomio de palabras que, al ir siempre junto, tiene mucho de equiparación.

Las soluciones conjuntas para unos y otros tienen, quizás, sus raíces más hondas a finales de los 50. En un contexto de violencia partidista y usurpación de tierras productivas, poblaciones obligadas a salir de sus tierras fueron calificadas como “damnificadas” y exhortadas a colonizar baldíos y “desarrollarlos”. A echar para adelante, en el marco de proyectos de desarrollo, el monte o la ciudad. En afán de soluciones, eran despolitizados y su experiencia particular de violencia ignorada. Lo mismo, de nuevo, en la década de los 80 con la aplicación del Plan Nacional de Rehabilitación.

Con políticas de emergencia invernal, las agencias estatales naturalizaron situaciones cargadas de historias difíciles. De injusticias. La idea de la rehabilitación con su idea de “llevar el Estado a las regiones” es también, con sus componentes de desarrollo para los 50 y los 80, una forma de represar reclamos. De esquivar reparaciones urgentes que impliquen no sólo servicios básicos sino también sacudones redistributivos de la plata y la voz, que entre nosotros se anuncian imposibles. Iniciativas de desarrollo anunciadas en un coro con cada proceso de paz hicieron bulla sobre las historias de violencia de campesinos y colonos. Pese a que se abrieron algunos espacios para contar historias, bajo las administraciones de Betancur (1982-1986) y Barco (1986-1990), estos quedaron supeditados a los lineamientos técnicos del proyecto de desarrollo del momento. Mucho cambió con el fin de la década. Con la emergencia del narcotráfico, el paramilitarismo, el Plan Colombia y el proceso de Ralito.

Todo cambió con la promesa del proceso de La Habana y, sobre todo, con el trabajo del Centro de Memoria Histórica (que estalla en narraciones y testimonios regionales de despojo y represión). Sin embargo, como correlato material de todos estos informes sobre el pasado que se apilan en la página de internet del Centro, se levanta la infraestructura inaugurada por Germán Vargas Lleras, en su década de campaña presidencial. Con huellas grandes, de acero y de cemento, esta va contando otro cuento más conocido, del pasado como avalancha y el futuro como territorio decidido, de empuje y caridad. Y lo hace quizás a un volumen más alto.

 

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