Por: José Fernando Isaza

Azúcar

La industria azucarera vuelve a estar en el ojo del huracán.

Hace unos meses fue la polémica sobre el precio del azúcar y las restricciones de importación entre los productores de alimentos y los ingenios azucareros. Algunos quedaron sorprendidos por el apoyo de Jorge Enrique Robledo al sector de los ingenios. Su explicación ha sido consistente: entre defender la producción nacional y el efecto de la competencia por el libre comercio internacional, optó por la primera.

Hoy el debate se centra en la multa que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a 12 ingenios azucareros y a Asocaña por crear mecanismos que restringen la importación de azúcar de terceros países. Quienes atacan la resolución de la SIC lo hacen por el elevado monto económico de la sanción: $320.000 millones; no discuten si hubo acuerdo entre los productores para impedir o dificultar la importación.

Pocos sectores han gozado de mayor protección que el azucarero, lo que explica el alto valor de las tierras agrícolas del Valle del Cauca. Hoy, como en el pasado, cuando la importación de azúcar estaba prohibida, el precio interno supera con creces el externo. Las medidas del Gobierno para proteger el sector en las épocas de control de precios se resumen así: cuando el precio externo subía, se aumentaba el interno, con el argumento de que había que impedir el contrabando de exportación que el diferencial de precios estimulaba. Si el precio externo se deprimía, como se exporta un porcentaje de la producción, la medida para el sector era el aumento del precio interno para compensar la baja cotización externa. En ambos casos el consumidor era el afectado.

La capacidad de gestión del sector azucarero se vio una vez más reflejada en la construcción de la central de Salvajina. Este proyecto hidroeléctrico tiene un multipropósito: la generación de energía y el control de inundaciones. Algunos técnicos propusieron que los propietarios de tierras financiaran con valorización parte del proyecto, pero la reacción no se hizo esperar: lograron que toda la inversión quedara a cargo de los consumidores de energía eléctrica. Los ingenios arriendan la tierra y administran la producción, los propietarios no son agricultores, sólo rentistas.

Otro logro es el mecanismo de fijación de precios del etanol. El consumidor está obligado a comprarlo y la fórmula de precios garantiza buena rentabilidad pues no hay riesgo de mercado. El etanol se obliga a comprarlo a $7.733/galón, el ingreso del productor de gasolina (Ecopetrol) es de $4.028/galón, un subsidio implícito de $3.705/galón que genera alrededor de $500.000 millones anuales al sector, cifra superior a la sanción de la SIC. Si las plantas de etanol operan a capacidad máxima, el subsidio se acerca a los $800.000 millones. El ministro de Minas reconoció que no fue posible reducir más el precio de la gasolina por los costos del etanol. La multa puede ser recurrida directamente y controvertida en los tribunales, la probabilidad de hacerse efectiva es baja, el subsidio se recibe con certeza.

Sobre la generación de empleo es bueno recordar que la pasada huelga fue porque los corteros pedían que se les pagaran las prestaciones de ley, que las cooperativas intermediarias no lo hacían. La respuesta de algunos ingenios, al levantarse el paro, fue anunciar mayor mecanización de la recolección.

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