Por: Patricia Lara Salive

¿Cambio de chip o más controles anticorrupción?

“¿Por qué los colombianos necesitan que los controlen tanto?”, comentaba la exembajadora de Suiza Dora Rapold.

Desde cuando le oí el comentario, me ronda la pregunta. Pero ahora, cuando el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha anunciado que va a “romperle el espinazo a la impunidad”; y el presidente le ha pedido que “por el bien de Colombia, pase a la historia como el fiscal de la lucha contra la corrupción”, esa pregunta se me ha vuelto obsesión.

¿Por qué los colombianos necesitamos tantos controles y por qué no nos funcionan los que ya existen? ¿Cómo es posible que cuando hay una institución como la Fiscalía, que tiene más de 20 años de fundada, en Colombia sólo cerca del 24% de los delitos se denuncien y la impunidad sea del orden del 99%? ¿No será más bien que los más corruptos son los funcionarios de los organismos destinados a controlar y a impartir justicia? ¿Y no será también que al inventarse cada vez más normas anticorrupción se complican los procesos para adelantar cualquier trámite con el Estado y, así, lo que se logra es aumentar la corrupción, pues todo se vuelve tan difícil que el soborno se convierte en la única vía que le queda al ciudadano para sobrevivir y trabajar en medio de ese mundo de trabas?

Ahora, a raíz de la posesión del nuevo fiscal, se oyeron frases altisonantes:

“Que paguen los culpables y que sepan que al pueblo no se le roba impunemente”: Santos.

“Volveremos a ver que los bolsillos de los servidores públicos son de cristal”. Y “el Estado tiene que asegurar que la industria del delito no es rentable”: Martínez.

Todo eso suena muy bonito. Como igualmente suena bien que Martínez proponga que la auditoría interna de la Fiscalía sea elegida por la Corte y le reporte a ella, y que cuando el fiscal general se declare impedido o sea recusado (¡y ojalá esto no suceda con Martínez cada ratico!), en vez de que el caso quede en manos de un subalterno suyo, como es el vicefiscal, la Corte escoja para ello a un fiscal ad hoc de una terna enviada por el presidente.

Sin embargo, si el aparato judicial, empezando por la misma Corte, no está integrado por personas honestas, austeras y capaces de impartir justicia, con esas medidas no se saca mayor cosa. La prioridad, para solucionar el desastre de la justicia, es adoptar un sistema de selección de personal, tanto en la Fiscalía, como en las Cortes, los juzgados, la Contraloría, la Procuraduría, el Inpec y la Policía, que garantice al máximo que los guardianes de la ley sean insobornables.

¡Cuánto progresaría el país, y cuánto dinero arrojado a la corrupción se le ahorraría al Estado, si el Gobierno en pleno, con el presidente, el fiscal y las ministras de Educación y Cultura a la cabeza, planeara y ejecutara coordinadamente una campaña eficaz para cambiarles el chip a los colombianos, especialmente a los habitantes de regiones como la Guajira, donde muchos creen que los funcionarios públicos tienen derecho a robar!

La corrupción debe tener una sanción penal, ¡claro está! Pero, ante todo, debe tener una sanción social: el día que los padres frenen desde la cuna los pequeñas actos de corrupción (mentiras, robos) de sus hijos; y los amigos de los corruptos dejen de tratarlos; y las parejas se alejen de su lado, la corrupción será ínfima. Mientras eso no ocurra, a medida que aumenten los controles, crecerá la corrupción.

www.patricialarasalive.com

 

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