Ciudadanos campesinos

Tuvo lugar en el Piedemonte de la Serranía del Perijá el V Congreso de Zonas de Reserva Campesina, a donde acudieron 1.500 campesinos; dirigentes agrarios, sindicales, estudiantiles, y autoridades civiles, religiosas y militares. Una reunión a todo mandar en el lugar apropiado y en un momento oportuno.

En el sur de Cesar los colonos han sido expulsados a sangre y fuego y hoy donde no hay grandes ganaderías hay gigantescas plantaciones de palma. Lo digo con conocimiento de causa: yo trabajé con el Incora en los años 60 y allí se refugiaban campesinos que huían de la violencia de Boyacá y de los Santanderes.

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) nacieron en medio de las grandes movilizaciones de los colonos cocaleros que buscaban impedir que el Gobierno los sacara de la Reserva de La Macarena, donde la imposibilidad de titulación de sus predios los amparaba de una invasión de terratenientes. El Gobierno les propuso levantar la Zona de Reserva Forestal existente al sur del Guayabero para que allí hicieran finca. Los campesinos, que venían expulsados del Ariari, reviraron: sí, aceptamos esas tierras, pero con la condición de que sea una región donde el latifundio no pueda entrar y nosotros podamos defendernos con algo así como una reserva indígena.

A los ministros José Antonio Ocampo, al final del gobierno de Gaviria, y Cecilia López, del gobierno de Samper, les sonó la iniciativa y la convirtieron en la Ley 160 de 1994. El Banco Mundial, banco de bancos capitalistas, la entidad más representativa de la economía privada, estudió el caso con lupa y financió las primeras ZRC, entre ellas las de El Pato, Calamar y Sumapaz, que han sido perseguidas y criminalizadas —y ensangrentadas— como repúblicas independientes. Uribe les declaró la guerra: son peligrosas porque nos impiden entrar a quebrar colonos. El quebrar tiene tanto el significado gramatical como el popular, que son las “formas de lucha” del latifundio.

Durante su primer gobierno, Santos permitió organizar en Barrancabermeja el I congreso de ZRC, medida que le hizo camino a la Ley de Restitución de Tierras. Pero durante su mandato no ha obtenido personería jurídica ninguna de las 57 que la están tramitando desde hace un par de décadas. En el Acuerdo de La Habana, la figura ganó legitimidad política y se acordaron siete millones de hectáreas para su configuración. Hay que recordar aquí que los ganaderos tienen 45 millones de hectáreas con media vaca por hectárea. Esa cifra, entre otras cosas, tiene brincando a Lafaurie y su combo, que acaban de hacer su congreso a donde no fue invitado Santos, pero Uribe sí.

Lo nuevo del congreso de campesinos y colonos son varias cosas: primero, la decisión de crear Guardias Campesinas al estilo de las existentes, legales y prestigiosas Guardias Indígenas, como medida de protección, reconocidas y amparadas por el Estado en el Programa de Seguridad y Protección de los Territorios Campesinos. Segundo, por aclamación general y teniendo en cuenta que los campesinos han sido las principales víctimas de la violencia desde el año 1946 y que se les ha excluido y perseguido, exigen el reconocimiento del campesinado como sujeto político, y en consecuencia hacer parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de paz para garantizar su participación política. Tercero: la creación de una entidad que coordine a los cultivadores de coca, marihuana y amapola, para sacar adelante programas de sustitución de cultivos ilícitos de manera libre, gradual y concertada. Por último, el V Congreso pide al Gobierno que las ZRC sean reconocidas como territorios prioritarios para impulsar los Planes de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET).

Las ZRC están llamadas a ser el instrumento político y económico idóneo para consolidar la paz en las regiones que han sido ignoradas y sacrificadas desde siempre por gobiernos que agencian sólo los intereses de los grandes propietarios. Hay que recibir a los campesinos como ciudadanos completos hechos y derechos, y no como labriegos mendicantes.