Por: Arlene B. Tickner

Cizaña

Mientras Juan Manuel Santos recibía el Premio Nobel de Paz y los espectadores dentro y fuera del gran salón del City Hall de Oslo celebraban este hecho histórico —y todo lo que implica para el país—, el senador y expresidente Álvaro Uribe despotricaba en Washington contra el proceso con las Farc y el Gobierno colombiano.

Desde el inicio de las negociaciones en La Habana, se han vuelto costumbre estos intentos por convencer a unos pocos de la ultraderecha que aún lo oyen en Estados Unidos de los peligros de la impunidad, la elegibilidad política de los guerrilleros y el esparcimiento del “castro-chavismo”, así como por denunciar la supuesta persecución que ha sufrido el Centro Democrático, incluyendo la captura e investigación de su “honorable” hermano (en palabras de Paloma Valencia), acusado de nexos con paramilitares.

Una revisión de la intervención ofrecida por Uribe en el conservador Instituto Hudson confirma la mezquindad de esta estrategia. Además de seguir empecinado en que Colombia nunca ha tenido una guerra civil sino una amenaza narcoterrorista, hizo gala de la reducción de la coca lograda por él con la ayuda estadounidense a punta de fumigaciones aéreas (y criminalización de los campesinos), así como la extradición masiva de colombianos. En cambio, acusó a Santos por la reversa de esta tendencia durante los últimos años, en los cuales el área cultivada ha crecido de forma alarmante.

Al preguntarle a Uribe sobre la actitud que debe tener Estados Unidos frente al acuerdo de paz, insistió en la presión al Gobierno para que castigue los crímenes de las Farc —en sus palabras, el cartel narcotraficante más grande de Colombia— y advirtió que lo negociado llevará a la debacle económica y la instauración del “marxismo”, hechos frente a los cuales el “principal aliado” del país no puede ser indiferente. Para que quedara clara su petición de intervención internacional, remató con la afirmación de que el fast track —aunque sea aprobado por la Corte Constitucional— constituye un golpe de Estado propinado por un presidente dictador.

El exmandatario habló también de la desigualdad, la falta de oportunidades y la necesidad de mayor iniciativa privada en Colombia, pero omitió mencionar que la bonanza económica de la que él disfrutó durante su tiempo en la Casa de Nariño no se utilizó —como sí ocurrió en otros países latinoamericanos— para combatir la pobreza y mucho menos la brecha entre ricos y pobres.

Si en algo tiene razón Uribe es que el aumento de los cultivos de coca —que se debe a la política fallida de la que él se hizo guerrero para complacer al Tío Sam— plantea un desafío enorme a la construcción de paz en Colombia. Sin embargo, desde la insinuación ridícula de que el Nobel fue comprado hasta sus disparates más recientes en Washington, lo suyo es pura cizaña, orientada (como de costumbre) a dividir la opinión nacional cuando el resto del mundo le hace guiños contundentes a la finalización de la guerra.

 

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